Puerto Vallarta, Jalisco.— La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un desafío que va más allá de modificar las normas jurídicas, pues requiere transformar los procesos judiciales, fortalecer las instituciones y capacitar al personal encargado de impartir justicia, señaló Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Durante su participación en el XX Congreso de Juezas y Jueces del Estado de Jalisco, el magistrado presentó la ponencia “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, en la que expuso los antecedentes constitucionales y legislativos de esta reforma, desde la modificación al artículo 73 de la Constitución en 2017 hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.
Ante magistradas, magistrados, juezas, jueces y especialistas nacionales e internacionales, Macedo García abordó los retos que representa la aplicación del nuevo ordenamiento en las entidades federativas, así como sus avances en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, atención a personas en situación de vulnerabilidad y homologación de criterios judiciales.
Entre los principales desafíos mencionó la falta de previsiones presupuestales específicas, la necesidad de revisar los procedimientos de adopción y la ausencia de vías sumarias para resolver determinados asuntos, como la pérdida de patria potestad, usucapión, violencia familiar y divorcio incausado.
Asimismo, destacó la importancia de avanzar en la justicia digital mediante expedientes electrónicos y trámites en línea, lo que demanda fortalecer la infraestructura tecnológica de los tribunales y garantizar la seguridad de la información.
En el ámbito procesal, explicó que la incorporación de la oralidad modifica la dinámica de los juicios mediante principios como inmediación, contradicción, continuidad y concentración. También detalló los cambios en las reglas de competencia, emplazamiento, presentación de pruebas y desarrollo de audiencias, que requieren nuevas habilidades de litigación y conducción judicial.
El magistrado presidente también subrayó la importancia de emitir sentencias con lenguaje claro y sencillo, cumplir los plazos establecidos y garantizar una protección reforzada de los derechos de las familias.
Durante su exposición hizo referencia a la reforma del 20 de octubre de 2026, que amplió hasta el 1 de julio de 2031 el plazo máximo para la implementación nacional del Código.
El Congreso fue inaugurado por el magistrado José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, quien destacó la importancia de la capacitación permanente de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia.
Las actividades continuarán en Puerto Vallarta con la participación de especialistas nacionales e internacionales, en un espacio de intercambio de experiencias y análisis sobre los retos y el futuro de la justicia civil y familiar en México.
