Toluca, Estado de México, 14 de octubre de 2026.— Con una propuesta para facilitar a la ciudadanía la consulta y evaluación de los arrendamientos realizados por instituciones públicas, Diana Harumi Lozano Lino, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Contraloría Gubernamental de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), obtuvo el segundo lugar en el Premio Estatal de Contraloría Social 2026.
La universitaria participó en la categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, con un proyecto que plantea la creación de un sistema de consultas sobre arrendamientos de inmuebles por parte de entes públicos mexiquenses.
La propuesta busca que la población pueda conocer de manera accesible por qué las instituciones públicas recurren al arrendamiento de determinados inmuebles y evaluar la pertinencia de estas operaciones bajo criterios de eficiencia, economía y eficacia.
Lozano Lino destacó que no basta con que la información sobre los contratos públicos se encuentre disponible, sino que es necesario que pueda ser consultada, comprendida y analizada por la ciudadanía para fortalecer la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
La estudiante señaló que su formación en la UAEMéx fue fundamental para transformar una inquietud académica en una investigación sustentada en datos y en una propuesta con posibilidades de aplicación en el ámbito público.
Asimismo, consideró que la participación ciudadana puede desarrollarse más allá de los espacios institucionales, mediante acciones cotidianas como involucrarse en los asuntos de interés colectivo, presentar propuestas y dar seguimiento a las decisiones de las autoridades.
Para Lozano Lino, el reconocimiento obtenido representa tanto una responsabilidad como una oportunidad para demostrar que la formación de posgrado puede trascender las aulas y contribuir al planteamiento de soluciones relacionadas con la vida pública.
Su proyecto pone sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos mediante los cuales la sociedad puede conocer y analizar el destino de los recursos públicos, particularmente en materia de arrendamientos, como una vía para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.
