Una reconstrucción del proceso de reforma judicial que comenzó poniendo en la mira a los ministros que se resistían a las agendas de Palacio Nacional podría explicar las razones por las cuales la reorganización de las estructuras judiciales se extendió a jueces y magistrados.
A raíz de los estragos del huracán Otis en Acapulco, las finanzas públicas tenían ausencia de fondos para desastres porque esos dineros fueron utilizados para otros gastos de obras insignia y las restricciones presupuestales escasearon para atender a damnificados; en este escenario, al presidente López Obrador se le ocurrió la idea de buscar dinero en otras carteras de otros poderes y volvió a echarle el ojo a los fideicomisos del Poder Judicial que sumaban 25,000 millones de pesos de ahorros para apoyos a trabajadores y empleados.
En una mañanera, el presidente de la República dijo que esos fondos de los fideicomisos judiciales bien podrían destinarse a la atención prioritaria de los damnificados de Acapulco, pero sin reconocer que ese dinero pertenecía a los trabajadores del judicial, aunque habían surgido de manejos presupuestales del sector público.
La ministra presidenta Norma Piña Hernández encontró en esa idea de entregar los fideicomisos judiciales al ejecutivo la posibilidad de tender un puente de plata con el Poder Ejecutivo y de alguna manera atenuar la reforma en la elección de ministros de la Suprema Corte y aceptó en una carta entregar esos fondos. De manera inmediata, el presidente envió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, a hablar con la ministra presidenta de la Corte para apresurar el acceso a los dineros, aprovechando, incluso, una relación de tiempo atrás personal entre Alcalde con Piña.
Muy en su estilo poco formal, la ministra Piña le dijo a la secretaria de Gobernación que siempre ya no iba a ser posible porque la sola mención de la entrega de esos fondos había generado más de 100 amparos de jueces del Poder Judicial con el argumento de que se trataba de un dinero para beneficio todos los juzgadores y que, en un caso extremo, solo podría entregarse la mitad de los fideicomisos, e inclusive con la posibilidad de que también esa mitad entrara bajo protección de amparos promovidos por los propios jueces sobre el destino de sus dineros.
Obvio es decir que la noticia cayó como un balde de agua fría en Palacio Nacional y ahí se dio la orden de que se extendiera a jueces y magistrados la elección por voto popular, lo que implicaría que una vez aprobadas las leyes de la reforma judicial se terminara con el modelo de loas fideicomisos como dinero presupuestal asignado y apartado en fondos especiales para beneficio de los juzgadores, pero en medio de una urgencia de presupuesto para financiar la atención a los afectados por el Otis, con el dato significativo de que la escasez presupuestal gubernamental se debía a que los fondos para desastres se usaron para las obras públicas presidenciales.
Ahí, en ese momento, se rompió cualquier intento de comunicación política entre el Ejecutivo y el Judicial y la maquinaria legislativa de López Obrador y Morena se echó a andar para romper la estructura de ejercicio autónomo del presupuesto en el Poder Judicial, toda vez que el dinero delos fideicomisos había surgido, en efecto, del presupuesto público, pero manejado por las autoridades judiciales en fondos especiales para beneficiar a sus juzgadores.
En términos estrictos, los fondos del presupuesto público que estaban en los fideicomisos judiciales les pertenecen a trabajadores y empleados del sector como una forma de crear mecanismos para acrecentarlos vía tasas de interés y ya no le pertenecían al sector hacendario del sector público federal en el Ejecutivo.
En el sector judicial quedó la impresión de que Palacio Nacional no entendía la dinámica de los fideicomisos como manejo autónomo de fondos presupuestales del Poder Judicial y que tenían destinos específicos como prestaciones adicionales para trabajadores y empleados, incluyendo algunas áreas de pensión. En Palacio Nacional, en cambio, quedó la sensación de que la ministra Piña no había querido cumplir con su compromiso formal establecido en una carta oficial como presidenta de la corte enviada al presidente de la República para aceptar la entrega de los fondos de los fideicomisos.
Y de ahí a la decisión de tombolear a los juzgadores hubo menos de un paso
