Por Carlos Ramírez
Desde que el presidente López Obrador tuvo la conceptualización de sustituir la Policía Federal por una Guardia Nacional, el modelo siempre estuvo articulado a su estructuración dentro de la nueva política de defensa del Estado, toda vez que el nuevo organismo de seguridad no iba a ser una nueva corporación policiaca que protegiera sólo la propiedad de los particulares.
Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de 2018 se incluyó la pertenencia de la Guardia dentro de la doctrina de seguridad nacional de la Sedena en base a un criterio que no se ha querido discutir a nivel de académicos y sociedad: el crimen organizado ya no atenta contra particulares, sino que se apropia de partes territoriales de la soberanía del Estado, influye en la designación de funcionarios a nivel local, controla el funcionamiento estatal y municipal en muchas zonas y cobra impuestos Irregulares, además de limitar la estabilidad para la inversión, acotar la estabilidad democrática y limitar el estado de derecho, tres circunstancias que definen la función de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la seguridad interior.
El glosario de las Fuerzas Armadas delimita con claridad la seguridad interior que va más allá de la seguridad pública que involucra la propiedad particular y más acá de la seguridad nacional porque asume la operación de organismos criminales transnacionales:
“La seguridad nacional es la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional se trata de una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática (dentro del territorio nacional), sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población”.
La separación de la Policía Federal de la seguridad interior en gobiernos pasados impidió una articulación coherente que la misma práctica fue exigiendo: la incapacidad policíaca para combatir a la delincuencia organizada y el apoyo inevitable de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad pública pero en circunstancias de seguridad interior, es decir, de la delincuencia común como una criminalidad en modo de gobernanza delictiva.
A la Guardia Nacional le hace falta un marco jurídico y de replanteamiento de las tres seguridades: pública, interior y nacional, con la circunstancia de que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador ofertó desde 2018 –y no ha cumplido– la definición de un Programa para la Seguridad Nacional que continuara y replanteara los avances de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017 fue abrogada por una Suprema Corte ignorante del contenido jurídico de las tres seguridades y sobre todo desdeñando la importancia de la seguridad interior, que por cierto ha formado parte de la doctrina constitucional de México desde la Constitución de Cádiz de 1812 y desde luego en las constituciones de 1824, 1857 y 1917.
A partir de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución sólo con el voto de la coalición morenista, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no debe quedarse en el sentido político de una mayoría legal, legítima y electoral, sino que debe despejar dudas sobre los puntos concretos de incorporación a las Fuerzas Armadas. la adscripción de la Guardia a la Sedena no implica una militarización de la seguridad interior.
El poco tiempo que estuvo la Guardia adscrita a Sedena, antes de la prohibición de la Corte en 2023, nunca violentó los términos de su funcionamiento civil, pero fue inevitable y necesario que su configuración de personal operativo proviniera de la policía militar y de la policía naval, dos cuerpos castrenses dentro de la estructura militar, pero con funciones de hacer cumplir las leyes del sector y también de la justicia civil. Los señalamientos de violación de derechos humanos por fuerzas militares en actividades de apoyo a la seguridad pública se redujeron a su mínima expresión.
La Guardia, pues, es un tema de seguridad interior.
SEDENA. La sucesión en la defensa Nacional está subiendo de calor. Un dato para precisar: el hoy general de División Ricardo Trevilla Trejo, jefe del estado mayor conjunto, no estuvo en la terna de candidatos a secretarios en 2018 porque era general de Brigada, dos estrellas, y no divisionario como exigen las reglas y no pertenecía al grupo del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
