En zonas de guerra que involucran a Estados Unidos, algunos corresponsales o enviados especiales tienen ya autorización para contratar guardaespaldas armados, para vestir chaleco antibalas e inclusive para que los propios reporteros opten legalmente por portar armas de fuego. Por cómo se presenta el panorama en México, sobre todo en el caso del periódico El Debate de Sinaloa, aquí estamos a un paso de que eso ocurra ante la decisión del Estado en su versión federal y estatal de no garantizar la seguridad al oficio de difusión de la información.
Las justificaciones oficiales que desvían la atención dejan muy claro los ámbitos de competencia: los gobiernos federal, estatales y municipales responden a la lógica de los intereses de los partidos que los pusieron en esos lugares, pero el Estado federal como responsable del cumplimiento del mandato constitucional de libertad de expresión ha desaparecido en la cobertura de las garantías de libertad de información.
La explicación es muy sencilla: los medios de comunicación mexicanos respondieron hasta 1976 a los intereses de la clase dominante, y aún ahora muchos de ellos siguen funcionando igual pero también de la misma manera el Estado tiene que garantizar la seguridad para la difusión de la información. La maniobra del presidente Echeverría en julio de 1976 para propiciar la salida de Julio Scherer García de la dirección general de Excelsior marcó el punto de asunción de la autonomía de los medios para ejercer su oficio en contra de los poderes establecidos, públicos, privados y sociales.
La política agresiva del Estado respecto a los medios la definió el presidente López Portillo a mediados de 1982 cuando decidió cortarle la publicidad oficial a la revista Proceso por las críticas contra el Poder Ejecutivo, en un acto de autoritarismo presidencialista que confundió a López Portillo como profesor de teoría del Estado en la UNAM al aparato estatal con propiedad del presidente en turno; la publicidad oficial de 1982 a 2018 formó parte de un mecanismo de negociación de los márgenes de libertad de expresión; el presidente López Obrador cortó toda la publicidad oficial a los medios que en mayor o menor medida de lo criticaban, pero también como Estado abandonó a los medios y periodistas a su propia suerte.
De acuerdo con la contabilidad de la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha han asesinado a alrededor de 170 periodistas, pero no se ha podido tener una contabilidad concreta a los miles de casos de periodistas y medios que han sido agredidos y amenazados por los diferentes fueros de poder, sobre todo el político y el del crimen organizado.
Las agresiones contra el periódico El Debate de Culiacán sintetizan la crisis de seguridad en los medios que siguen reportando la complicidad pública con el crimen organizado, aunque al final de cuentas matando al mensajero no resuelven el problema, porque desde fuera de la zona de inseguridad los medios siguen denunciando la incapacidad en grado de corresponsabilidad pública del gobernador Rubén Rocha Moya en el incumplimiento de su tarea prioritaria de garantizarle seguridad a los ciudadanos y a sus instituciones.
En lugar de responder con decisión de Estado a la crisis de seguridad en Sinaloa, el gobernador se permitió amenazar al periodista Luis Chaparro que probó el presunto involucramiento del gobernador en el caso del Mayo Zambada y a la periodista Azucena Uriesti que lo entrevistó, en un acto típico y simbólico de “maten al mensajero” o callen a los medios.
Y como caso simbólico que puede definir la política de López Obrador hacia los medios se encuentra el caso del periodista Ciro Gómez Leyva, quien fue víctima de un brutal intento de asesinato el 15 de septiembre de 2022 y que se salvó red milagro por el cristal blindado de sí vehículo, con las circunstancias agravantes de que las autoridades detuvieron a los responsables directos del atentado pero es la hora en que Ciro y periodistas no saben quién fue el autor intelectual, exhibiendo complicidad de las autoridades o, en el peor de los casos, la incapacidad del aparato de investigación pericial. Quede para la memoria y el reclamo la investigación de la organización artículo 19 sobre periodistas asesinados: https://articulo19.org/periodistasasesinados/ y cuyos expedientes están a la espera de identificar y procesar a los responsables intelectuales de esas agresiones.
La función de la prensa –quién lo duda– es política y lo reconocieron las Cortes de Cádiz el 10 de noviembre de 1810 con su Decreto IX de Libertad Política de la Imprenta: “La facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es no sólo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de Ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.
