Toluca, Estado de México. El Gobierno del Estado de México informó que, como resultado de las estrategias implementadas en las Mesas de Paz y del trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se evitó que víctimas de extorsión entregaran 15.4 millones de pesos a la delincuencia entre el 25 de junio y el 1 de julio, lo que representa el 92 por ciento del monto exigido por los extorsionadores durante ese periodo.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que el combate a la extorsión continúa como una de las principales prioridades de su administración y señaló que los resultados han sido posibles gracias a las acciones de inteligencia y prevención encabezadas por la Policía Cibernética, así como a la coordinación permanente entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Durante ese lapso se recibieron 802 denuncias relacionadas principalmente con extorsión telefónica, fraude telefónico y llamadas maliciosas. También se identificaron casos en los que los delincuentes amenazan con supuestas investigaciones, intentan intimidar a las víctimas o se hacen pasar por familiares o personas conocidas para obtener dinero mediante engaños.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 089, disponible las 24 horas del día durante todo el año y que garantiza la confidencialidad de quienes presentan la denuncia. Subrayaron que la participación ciudadana es un elemento clave para prevenir este delito y fortalecer las acciones de las corporaciones de seguridad.
Los resultados fueron presentados durante la Sesión 126 de la Mesa de Paz, en la que participaron el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo; el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes refrendaron su compromiso de mantener las estrategias coordinadas para proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.
