
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fortaleció durante 2025 la política de reinserción social en los centros penitenciarios federales mediante la implementación de un modelo penitenciario humanista, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y sustentado en un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
Las acciones fueron desarrolladas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), en apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de garantizar condiciones que favorezcan la reintegración efectiva de las personas privadas de la libertad a la sociedad.

En materia de capacitación para el trabajo, se impartieron 1,260 actividades formativas en los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), con una participación promedio mensual superior a 2,000 personas privadas de la libertad. Entre los cursos impartidos destacaron “Mi Negocio Verde”, actividades agrícolas y capacitación en línea mediante la plataforma aprende.org. Asimismo, se consolidaron alianzas con 19 empresas y se fortaleció el proyecto Reinserción MX, particularmente en el CEFERESO No. 16 “CPS Femenil Morelos”, donde se adecuó una nave industrial que iniciará operaciones en 2026.
Durante abril se creó la marca penitenciaria “Arte por la Libertad”, la cual fue reconocida en agosto con el distintivo Hecho en México y promovida en diversas expo-ventas, incluida una realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En este espacio se donó una estructura de madera decorada con arte huichol, elaborada por personas privadas de la libertad del Centro Federal No. 17 “CPS Michoacán”.

En el ámbito educativo, 4,791 personas privadas de la libertad participaron en programas que van desde alfabetización hasta educación superior, consolidando la educación como un eje central para una reinserción social efectiva.
En materia deportiva, se realizaron torneos de fútbol, tocho bandera, voleibol, básquetbol, box y atletismo, así como rutinas de acondicionamiento físico, beneficiando a más de 12,000 personas privadas de la libertad, con el respaldo de alianzas estratégicas con clubes y organismos deportivos nacionales.
En el rubro de salud, se otorgaron cerca de 205 mil atenciones médicas y se llevaron a cabo 221 campañas preventivas. Además, se fortaleció la atención médica con la incorporación de 726 servidores públicos, entre médicos generales, especialistas, personal de enfermería, nutriólogos y odontólogos.

Respecto a la salud mental, se actualizó el Manual y Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad, alineándolo a estándares nacionales e internacionales. Asimismo, se crearon subcomités especializados y se brindaron 5,758 atenciones psicológicas individuales y 2,548 grupales, conforme a las necesidades detectadas en los CEFERESOS.
De manera complementaria, se impulsó una amplia oferta cultural, religiosa y de fortalecimiento de vínculos familiares, mediante concursos culturales nacionales, talleres artísticos, actividades de culto religioso y mecanismos de comunicación con el exterior, como visitas, llamadas y más de 38 mil sesiones de televisita.
Entre las actividades más relevantes destacaron la Olimpiada de Conocimientos 2025; el Segundo Concurso Nacional de Baile Penitenciario; el Tercer Concurso de Ofrendas Penitenciarias; el Duodécimo Concurso Nacional de La Voz Penitenciaria; el Vigésimo Octavo Concurso Nacional de Teatro Penitenciario; el Décimo Quinto Concurso Nacional de Pastorelas Penitenciarias, así como el programa Hip hop por la paz, que contó con la participación de 7,412 personas privadas de la libertad.
En el ámbito postpenal, la SSPC brindó capacitación para el empleo, educación, actividades deportivas, atención en salud y actividades culturales a personas liberadas o externadas, con el propósito de fortalecer su reintegración social.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrendó su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, mediante una estrategia integral que permita consolidar un modelo de reinserción social efectivo en los centros penitenciarios federales del país.























