Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (Morena) presentó una iniciativa para tipificar el delito de explotación laboral infantil en la entidad, con sanciones que van de seis a nueve años de prisión.
Durante sesión de la LXII Legislatura mexiquense, la propuesta —a la que se sumó la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT)— establece que cometerá este delito quien utilice, obligue, induzca, facilite o se beneficie del trabajo de menores de edad, ya sea de forma directa o a través de terceros.
El planteamiento precisa que, en el caso de adolescentes, también se considerará explotación cuando las actividades afecten su salud física o mental, limiten su acceso a la educación, atenten contra su dignidad o se realicen en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas.
Asimismo, contempla agravantes que aumentarían la pena hasta en una mitad —es decir, de seis a nueve años de cárcel— cuando la víctima sea menor de 15 años, tenga alguna discapacidad, pertenezca a una comunidad indígena, viva en condiciones de pobreza o marginación, o cuando el responsable sea familiar directo o tutor, lo que podría derivar en la pérdida o suspensión de la patria potestad.
Al fundamentar la iniciativa, Navarro Hernández subrayó que el trabajo infantil en condiciones no permitidas sigue siendo una problemática persistente que vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud y el desarrollo integral, además de perpetuar ciclos de pobreza y exclusión social.
De acuerdo con datos del Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025–2029, en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Naucalpan, entre el 10 y 12 por ciento de menores realiza actividades de riesgo. En Toluca, Zinacantepec y Tecámac, la cifra oscila entre el 7 y 10 por ciento, mientras que en regiones del sur del estado, como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya y Sultepec, supera el 12 por ciento.
La iniciativa también propone que autoridades estatales y municipales implementen acciones coordinadas para prevenir, detectar y atender el trabajo infantil, así como garantizar la restitución integral de derechos en ámbitos educativo, psicológico, social y jurídico.
Entre las medidas planteadas se encuentran la canalización inmediata de casos a instancias de protección, la reincorporación escolar, atención médica y psicológica, acompañamiento familiar y comunitario, así como la generación de diagnósticos y registros para diseñar políticas públicas eficaces.
Finalmente, se plantea que dependencias como las secretarías del Trabajo y de Educación, el Sistema DIF estatal y municipal, y el Sipinna desarrollen programas específicos para prevenir y erradicar progresivamente el trabajo infantil, con énfasis en evitar el abandono escolar y garantizar la permanencia educativa de este sector de la población.
