Desde 2016 Donald Trump ha insistido en propuestas radicales para disminuir la migración de extranjeros a su país y para combatir el contrabando de drogas. Personas y estupefacientes ingresan a Estados Unidos por dos razones fundamentales que no están en el escenario estratégico del próximo presidente estadounidense: la demanda de mano de obra y el consumo de los millones de adictos. Y hay una tercera razón inocultable: la corrupción de autoridades de todos los niveles y de todas las zonas del Gobierno americano para permitir esos dos flagelos que preocupan a la Casa Blanca.
Las soluciones anunciadas por Trump y que podrían ser las primeras decisiones de Estado que tome a partir del mismo lunes 20 de enero que reciba las llaves de la Casa Blanca buscaran medidas que no solucionarán esas dos crisis y eludirán lo que es el principal problema de EstadosUnidos –migración y narcotráfico– desde que el presidente Richard Nixon autorizó el ingreso de drogas en el escenario de la guerra de Vietnam: la corrupción de funcionarios americanos.
En 2019, el presidente Trump decidió por la vía personal autoritaria decretar como terroristas a los cárteles del narcotráfico que operaban México y contra ellos iba la decisión. Sin embargo, desde el 2005 la agencia antinarcóticos DEA incluyó en sus evaluaciones periódicas sobre el narcotráfico la realidad de que los cárteles mexicanos –nueve, para ser precisos— han construido dentro de Estados Unidos estructuras criminales que controlan el contrabando de droga que ingresa, la distribución a los 50 Estados Americanos, la venta al mayoreo a los grupos delictivos encargados de las redes nacionales y la venta al menudeo en las calles de más de 3,000 ciudades estadounidenses.
El presidente Trump se tropezó en aquella ocasión con una piedra que sigue estando en el camino del modelo de narcoterrorismo: el terrorismo implica el uso de la violencia criminal para obtener beneficios políticos y apoderarse de estructuras de gobierno, pero hasta ahora los nueve cárteles mexicanos que controlan el narcotráfico dentro de Estados Unidos y bajo las narices de la DEA e inclusive algunas cuadras de la Casa Blanca solo se dedican a contrabandear droga y no calificarían como terroristas.
La iniciativa de 2019 fracasó y Trump tuvo que reconocer que el problema lo rebasaba como presidente y como gobierno y dejó las cosas como estaban, lo que permitió el fortalecimiento de los cárteles mexicanos dentro de EU. El asunto es tan grave y complicado que el Gobierno de Estados Unidos tiene encarcelados y sentenciados o a punto de serlo a dirigentes del Cártel de Sinaloa y funcionarios mexicanos que lo protegían, pero la producción, contrabando, y distribución de droga y sobre todo el fentanilo al interior de Estados Unidos sigue creciendo en proporción geométrica.
En materia de migración, Trump tomó la decisión autoritaria de obligar a México a que diera un paso en el sellado de la frontera binacional y el gobierno del presidente López Obrador decidió utilizar a la Guardia Nacional para impedir la circulación de caravanas, aceptar del lado mexicano el sellado de la frontera y de manera oculta consentir de modo oficial el papel de México como “tercer país seguro” para que los migrantes ilegales que habían logrado iniciar sus trámites ante las autoridades migratorias dentro de Estados Unidos pasarán a México a esperar el resultado de sus solicitudes.
La insistencia agresiva del hoy candidato ganador Trump para aplicar de manera radical la caracterización de cárteles como terroristas y la deportación masiva de ilegales no resuelve los problemas y lo más grave es que tampoco formaría parte de algún intento de encontrarle solución. Mientras exista corrupción de autoridades migratorias americanas, exigente demanda de drogas de los millones y millones de adictos estadounidenses y permisividad al funcionamiento de los cárteles mexicanos como estructuras delictivas dentro del territorio americano, esos dos problemas no se acercarán a una solución real.
El problema, del lado mexicano, radica en que tampoco existe una estrategia formal para atender el problema de migración y narcotráfico; peor aún, el modelo lopezobradorista de “abrazos, no balazos” sigue vigente en el Gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero a partir del criterio de que no hay otro camino para evitar que la persecución de cárteles y capos derive en una nueva fase de la guerra sangrienta al estilo de Felipe Calderón. El modelo de inteligencia y coordinación es de largo plazo, mientras los cárteles y bandas delictivas están de fiesta dentro de México por la revalidación de una estrategia que no los combate a fondo.
Todo esto indica que viene una guerra política y de Estado entre México y EU y la Casa Blanca usará todo su poder legal y paralegal con el propósito de obligar a Palacio Nacional a someterse a un modelo americano de relaciones bilaterales que se enfila al colapso.
