A 34 años de distancia de haber sido inventada en 1990 por el presidente Carlos Salinas de Gortari como aparato de control de quejas por la violación de derechos humanos en el régimen represivo del PRI, la CNDH regresa a su origen salinista como una coartada burocrática que dejará el peso de las denuncias sobre abusos de poder en los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Mirado en frío, el proceso de designación de una nueva persona encargada de la presidencia de la CNDH reveló las maniobras del Senado morenista vergonzosamente a la vista: imponer haiga sido como haiga sido a Rosario Piedra Ibarra, quien terminaba su gestión de cinco años y apelaba a la reelección, pero colocada en el último lugar de evaluación que hizo en la Cámara alta.
La opción decidida a favor de la reelección afecta a Piedra Ibarra porque hizo añicos la herencia histórica de su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, luchadora por los derechos humanos que enfrentó todo el poderío del Estado represor encarnado en la Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro. En los cinco años como presidenta de la CNDH, Piedra Ibarra avaló la violación de derechos humanos.
En términos políticos, la cerrazón morenista para reelegir a Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH se reduce a los indicios de que se trató de un capricho político del presidente emérito López Obrador, toda vez que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenía una baraja de funcionarias y funcionario con mejor capacidad
para convertir al organismo en una pieza clave de defensa de los derechos humanos justo en la coyuntura de la definición de su propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública que atravesó de manera vertical y horizontal toda la estructura de coordinación de la lucha contra la delincuencia y colocó a la Secretaría civil de Seguridad y Protección Ciudadana como responsable del diseño, coordinación y supervisión de la política contra la inseguridad.
Las primeras interpretaciones revelan que la nueva estrategia de seguridad requería de una reorganización en la estructura de la CNDH, tomando en cuenta la necesidad operativa del bloque Guardia Nacional-Fuerzas Armadas de aumentar sus actividades de persecución contra un crimen organizado en medio de guerras entre cárteles que han vuelto a ocupar las páginas mediáticas por las confrontaciones violentas.
El tema de los derechos humanos en materia de seguridad fue una batalla que nunca pudo ganar el Estado por los efectos mediáticos de las violencias cotidianas. Pero el gran avance en la estructura militar de seguridad se dio con la creación dentro de la Defensa de un aparato de derechos humanos que se creó con el apoyo de la anterior CNDH y el resultado fue una disminución sensible de quejas que realmente tenían que ver con la configuración de garantías en operativos militares contra la delincuencia.
La decisión de la presidenta Sheinbaum de colocar a la Secretaría civil de Seguridad como la instancia coordinadora del Estrategia Nacional contra la inseguridad había creado el ambiente de que se pasaba de una presencia mediática militar en estructuras de seguridad por razones de seguridad interior y no solo de seguridad pública a un nuevo escenario que colocaba el sector civil como el coordinador de todas las acciones contra la delincuencia.
En ese contexto se dio la circunstancia burocrática de relevo en la presidencia de la CNDH y se presentó la gran oportunidad de colocar a esta organización de defensa de las garantías y los derechos ciudadanos frente al poder como parte importante del nuevo equilibrio interno en la estructura de seguridad, lo que planteó de modo natural e inevitable la exclusión del modelo ante- rior de Comisión que representaba Piedra Ibarra.
El problema que se viene ahora se encuentra en un punto muy sensible que ya no tiene marcha atrás: la sociedad ya descubrió el poder de su denuncia ante abusos de los poderes públicos establecidos y la ineficacia de la CNDH comenzó a darle mayor importancia a los reportes críticos de ONG ́s extranjeras y de organizaciones sociales y civiles mexicanas que suplieron la ineficacia burocrática y de incompetencia personal de Piedra Ibarra, al grado de que impusieron en el debate el tema de la militarización de la seguridad pública.
Con la CNDH otros cinco años en manos de Piedra Ibarra, el peso de las denuncias pasará a organizaciones como Amnistía Internacional, American Watch y agrupa- ciones mexicanas que han radicalizado sus acusaciones sobre todo en el tema de abusos en la lucha contra la inseguridad.
En política no hay vacíos de poder y el vacío que ha dejado la CNDH lo está ocupando la sociedad radicalizada en sus denuncias y las organizaciones internacionales de gran peso mediático.
