El modelo económico posneoliberal definido por el presidente López Obrador y en su sexenio y refrendado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido cuestionado en reuniones privadas de supervisores del Fondo Monetario Internacional con el equipo hacendario de Palacio Nacional y señalado como retórico y sin consolidación técnica.

A lo largo de seis años, la política económica posneoliberal ha sido solo el aumento del gasto social y de inversión en obra pública no detonadora del desarrollo para tratar de recuperar el ritmo de crecimiento de 3% que debió haber sido sostenible después de la pandemia, pero sin en un compromiso real con el sector privado y por lo tanto ha llevado a la economía a un punto negativo y alarmante para el Fondo de déficit presupuestal de casi 6% y de casi 60% de deuda pública.

La inflación baja pudo mantenerse con un candado irregular: no aumentando los ingresos ni la actividad económica, y disminuyendo el gasto público solo a programas sociales y productivos y reasignando el gasto quitándole a unos programas para desviarlos a otros, lo que no ha derivado en un modelo de actividad productiva creciente.

El anuncio el viernes del apoyo del FMI a México para mantener una línea de créditos de emergencia de 35,000 millones de dólares que fortalezca la capacidad de divisas para resistir cualquier inestabilidad no fue gratuito sino que tuvo de por medio el compromiso formal de Hacienda –por cuarta o quinta ocasión– de que ahora sí se pondrá atención en la estabilidad macroeconómica que exige el organismo internacional a todos los países que han firmado el artículo IV que obliga a someterse a la supervisión rigurosa del fondo en materia de estabilización macroeconómica antiinflacionaria.

En este contexto, el documento de supervisión neoliberal del Fondo del 1 de noviembre presentó la aprobación del organismo a la política económica 2025 de la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O y en los hechos el documento del FMI prácticamente sometió a control estricto los Criterios Generales de Política Económica 2025 que habían sido muy laxos en su versión de Precriterios de marzo de este año.

La clave del marco macroeconómico que entregará la próxima semana la Secretaría de Hacienda al Congreso se localiza en tres variables que el Fondo fue muy estricto en imponerle a México y que las autoridades mexicanas no tuvieron más remedio que aceptarlas, porque de no hacerlo, el organismo hubiera podido posponer la firma del apoyo crediticio de 35,000 millones de dólares y ese hecho habría enviado un mensaje de crisis mexicana a la comunidad financiera internacional.

Los técnicos de Hacienda aceptaron las tres condiciones: reducir el PIB como factor antiinflacionario a una máxima de 1.3%, cuando México quería seguir man- teniendo la meta de 2.5% que no se habría de cumplir pero sí dejaría mensajes de presiones inflacionarias para alcanzarlo; disminuir el déficit presupuestal –el gasto por encima de los ingresos– de 5.9% previsto para 2024 a 3.5%, lo cual estaría dando el mensaje de recortes drásticos de que no habrá gasto público porque no hay ingresos; y frenar la contratación de deuda pública para considerarlo como ingreso que baje el déficit presupuestal, una cifra que México sigue de manera oficial señalando en 46% del PIB pero que los técnicos del Fondo ya descubrieron que es de 57.6% en 2024 y subiría a 57.9% en 2025.

La clave de esta condicionalidad neoliberal del FMI sobre México radica en la necesidad de regresar a darle prioridad a la inflación, porque las autoridades hacendarias han estado jugando con controles de precios para mantener la inflación poquito abajo de 5%, pero con el compromiso formal de llevarla en los dos próximos años a 3%. La argumentación neoliberal del FMI que México ha eludido en estos años de posneoliberalismo es que la inflación es en todo tiempo y en todo lugar –siguiendo al santón del neoliberalismo Milton Friedman, cuya figura fantasmal sigue paseándose por Hacienda y Banco de México– un fenómeno monetario que revela la desigualdad entre demanda y oferta. Y el Fondo siempre ha recordado que la inflación en México mayor a la de Estados Unidos se convierte en la presión devaluatoria.

En este contexto y después de dos revisiones estrictas de supervisión del FMI sobre México –la del 15 de octubre en la del 1 de noviembre–, los Criterios Generales de Política Económica y el marco macroeconómico para 2025 tendrá que ajustar sus metas a las exigencias del Fondo y olvidarse de lo que anunció en marzo en los Precriterios: PIB de 2.5%, para confirmar la tesis neoliberal de que el crecimiento económico es inflacionario y que la estructura de precios en México sigue siendo neoliberal.

El mensaje del Fondo a México fue muy claro: o cumple con la condicionalidad neoliberal o perderá el aval del organ- ismo. La respuesta mexicana estará en los CGPE que entregará al Congreso la semana próxima.

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