Todas las estrategias gubernamentales sexenales de seguridad desde 1976 se han centrado solo en ajustar superficialmente el aparato institucional dedicado a combatir todo tipo de delincuencia y por ello hoy, casi 50 años después, los niveles de inseguridad son mayores que los apara- tos delictivos han rebasado a la estructura policiaca con excepción de las Fuerzas Armadas.
Aunque no fue su intención directa la de realizar uno de los diagnósticos más severos sobre la estructura nacional de seguridad, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y de su secretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, publicado en el Diario Oficial el 25 de agosto de 2008, elaboró 74 propuestas con tiempos perentorios para poner en orden al Estado de seguridad, teniendo como motivación el artero secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, hijo del poderoso empresario Alejandro Martí.
Los 74 objetivos revelaron las 74 debilidades de toda la estructura de la seguridad, tanto del Estado como de la sociedad, y reconocieron sin reconocerlo que la delincuencia ya había rebasado la capacidad de organización del Estado.
Las estrategias de seguridad de Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López obrador ya ahora de Claudia Sheinbaum Pardo palidecen en objetivos e intenciones frente a la tarea hercúlea de reconstruir toda la filosofía, el pensamiento estratégico y la estructura de seguridad del Estado nacional. En el acuerdo de Calderón de agosto del 2008, por ejemplo, el gobierno federal asumió la seguridad como una política de Estado, pero dejando la responsabilidad en manos del presidente que había declarado irresponsablemente la guerra al narcotráfico y generado por tanto el inicio de la violencia criminal por la resistencia delictiva y la puso bajo el mando directo del secretario García Luna que hoy está a punto de recibir en EU sentencia de culpabilidad por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Y no debe olvidarse que el presidente De la Madrid y su secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz mantuvieron como jefes policiacos a quienes se dedicaban a proteger a los cárteles delictivos.
La revisión de los 74 compromisos de reorganización totalizadora de la estructura y el sistema de seguridad exhibe la peque- ñez, la inconsistencia y aparente descono- cimiento del problema de la seguridad por parte de los presidentes de 1976 a 2024 y en términos concretos sus compromisos estarían revelando que la actual estrategia de seguridad del Gobierno de la presidenta Sheinbaumnoatiendeladimensiónrealdel conflicto de inseguridad. Los compromisos para el sexenio actual son muy menores al diagnóstico que revela una inseguridad promovida por grupos delictivos que ya rebasaron al estado,
Si deveras existiera voluntad del Gobierno que inicia su sexenio para confrontar la estructura de poder político, económico y de armas del crimen organizado, en los 74 compromisos de 2008 estarían revelados aquellos datos que demuestran que la estructura judicial y de seguridad pública no funciona, que la Guardia Nacional necesita de un replanteamiento de confrontación y que atender las causas de la violencia por descuidos sociales del pasado no modificará la estructura de poder del crimen organizado que le disputa territorio, instituciones y dirección política del Estado.
Cárceles, policías, ministerios públicos, leyes a nivel federal plantean la necesidad de que toda política de seguridad debe comenzar por la reestructuración total del aparato de seguridad del Estado en los tres niveles de gobierno; por ejemplo, el acuerdo del 2008 reconocía que la inseguridad era producto del descuido hacia las áreas municipales y estatales de seguridad, pero no presentaron reorganizaciones integrales para cambiar esas regularidades. Los transitorios de la Guardia Nacional han exigido a alcaldes y gobernadores informes sobre su fuerza local de seguridad, pero esas áreas estatales y municipales simplemente antes desdeñado compromisos y responsabilidades.
El impacto brutal en la sociedad por el asesinato de Fernando Martí llevó al empresario Alejandro Martí, en una de las reuniones nacionales de seguridad, a lanzar un desafío que quedó en el aire y que sigue vigente en la actualidad: “si no pueden (con la inseguridad), renuncien”. De esa indignación surgió el Acuerdo de agosto del 2008 que firmaron todos los sectores nacionales, incluyendo orga- nizaciones sociales, medios de comunicación, aparato judicial y aparentemente todo el que iba pasando por el lugar donde se suscribió el documento.
El documento de 2008 que prueba la desorganización de entonces y ahora de todo el aparato de seguridad y se puede consultar en la siguiente dirección digital: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig o=5057719&fecha=25/08/2008#gsc.tab=0
