Por Carlos Ramírez

Todas las interpretaciones, justificaciones y manipulaciones sobre el incidente de los encapuchados en Motozintla, Chiapas, contra la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo están eludiendo uno de los temas centrales que ha estado presente en los últimos ocho años, del que hubo compromisos para atenderlos y no se cumplieron y el que será el nuevo paradigma sobre la estabilidad el próximo sexenio: la seguridad interior.

A pesar de estar en documentos oficiales, la seguridad interior ha sido desdeñada por funcionarios, poderes, analistas e interesados en el tema de la inseguridad en el sexenio actual. En 2017-2018, el presidente Peña Nieto logró la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, pero por las prisas, la falta de negociación política y sobre todo la ausencia de especialistas civiles, la ley fue abrogada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esos actos de soberbia jurídica que desdeñó cualquier esfuerzo de razonamiento de las justificaciones de la ley.

El Glosario de términos del Código de Defensa Nacional vigente señala con claridad la definición de la seguridad interior:

“Función del Estado de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo el imperio de la Constitución y demás leyes que de ella emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación, obteniendo y controlando actos antisociales o contra el estado llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra prevista por las leyes del fuero común y federal”.

A su vez, por definición con enfoque de seguridad estratégica por parte de las Fuerzas Armadas, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del Gobierno del presidente Peña Nieto, la seguridad de Interior se llevó a una definición sintetizada:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

En pocas palabras, la crisis por la captura delictiva de espacios territoriales e institucionales del Estado, el dominio político del crimen organizado y los atentados y agresiones contra autoridades y población civil definen una crisis de seguridad interior, más allá de la seguridad pública y en el escenario de la seguridad nacional.

Lo ocurrido en Motozintla con la candidata oficial Sheinbaum fue un asunto de seguridad interior, pero lo más grave es que el gobierno del presidente López Obrador se comprometió en 2018 –y no ha cumplido– a entrarle de lleno el tema de la seguridad interior como eje de la inseguridad ciudadana. El incidente que involucró nada menos que a la candidata presidencial del partido en el gobierno que presenta en las tendencias de voto es una victoria adelantada de 2 a 1 sobre la oposición fue también, como siempre suele ocurrir, un aviso de crisis en el Sistema Nacional de Inteligencia.

La lectura del incidente en Chiapas con Sheinbaum revela uno de los principales pasivos del Gobierno lopezobradorista: la seguridad interior. El presidente López Obrador presentó en 2018 su Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024 y allí se comprometió a decisiones que no se han cumplido: un programa para la seguridad nacional, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, “fortalecer y mantener la seguridad interior del país” y promover el concepto de la cultura de seguridad nacional, entre otros.

Ante la falta sobre todo del prometido programa lopezobradorista para la seguridad nacional, en la actualidad sigue latente –aunque no vigente– el del Gobierno de Peña Nieto 2014-2018, a pesar de que la administración del presidente López Obrador amplió en grado máximo la participación de las Fuerzas Armadas encargadas de la seguridad nacional en temas de la agenda de la seguridad interior (apoyo militar a la seguridad pública cuando involucra la estabilidad de las instituciones nacionales y la soberanía del Estado), sobre todo porque los grupos delictivos transnacionalizados no caben en las estrechas reglas de la seguridad pública que tiene que ver con afectaciones de las propiedades individuales de los ciudadanos ni en la seguridad nacional fronteriza solo para repeler invasiones extranjeras.

Sea mensaje, incidente, maniobra político-electoral, montaje mediático o pantomima, el suceso que puso en riesgo la seguridad de la candidata Sheinbaum en Motozintla, Chiapas, fue un aviso de que los rezagos públicos en seguridad interior forman parte ya de la crisis de la inseguridad de la República y del Estado mexicano.

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