Los Ángeles, California, 8 de junio de 2025 — En respuesta a los disturbios desatados tras redadas migratorias federales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, una decisión que ha generado fuertes reacciones a nivel local y nacional.
La medida fue anunciada oficialmente a través de un memorándum presidencial y confirmada por el jefe de la frontera, Tom Homan, quien declaró a Fox News: “Estamos haciendo de Los Ángeles un lugar más seguro”. Homan, quien supervisa personalmente las operaciones del ICE en la ciudad, advirtió que habrá “tolerancia cero” frente a actos de violencia o daños a la propiedad.
El conflicto se intensificó este fin de semana, cuando residentes del distrito de Paramount, una zona predominantemente latina, se enfrentaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos, porras y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Testigos denunciaron que migrantes permanecían escondidos en negocios locales por temor a ser arrestados.
Desde la Casa Blanca se emitió un comunicado señalando que “turbas violentas han atacado a oficiales del ICE” y acusando a los “líderes demócratas de California” de no proteger a sus ciudadanos. En respuesta, el gobernador Gavin Newsom calificó la intervención federal como “intencionadamente incendiaria” y denunció las redadas como “tan imprudentes como crueles”. Añadió que la decisión de tomar el control de la Guardia Nacional de California solo aumentará las tensiones.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, condenó la presencia del ICE y acusó al organismo de “sembrar el terror” en las comunidades migrantes. Estas declaraciones fueron criticadas por jefes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, quienes alegaron que tales comentarios ponían en peligro a los agentes federales.
Activistas de derechos humanos también se pronunciaron. Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, denunció que “nuestra comunidad está siendo atacada y aterrorizada. Son trabajadores. Son padres. Son madres. Y esto tiene que parar”.
A través de su red Truth Social, Trump defendió su decisión y atacó a las autoridades locales: “Si el gobernador y la alcaldesa no pueden hacer su trabajo, el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema: DISTURBIOS Y SAQUEOS, ¡como debe resolverse!”.
La situación sigue siendo tensa en varias zonas de Los Ángeles, mientras organizaciones civiles, autoridades estatales y federales continúan en desacuerdo sobre el alcance y la legalidad de la operación federal.
