Ciudad de México — En medio de una crisis diplomática sin precedentes en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura condena contra la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una violación flagrante del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Su declaración ha desatado críticas y tensiones políticas tanto nacionales como internacionales. 

A través de sus redes sociales y en un comunicado oficial, Sheinbaum recordó el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y aseguró que México se opone firmemente a cualquier intervención militar en Venezuela, reiterando el compromiso del país con la solución pacífica de conflictos y el respeto a la soberanía de los pueblos. 

La mandataria mexicana llamó urgentemente a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de inmediato para ayudar a frenar la escalada de tensiones y promover el diálogo, argumentando que América Latina y el Caribe son una “zona de paz” que no debe verse sumida en confrontaciones bélicas. 

Su postura, sin embargo, ha generado una oleada de polémica política. Sectores críticos dentro de México y aliados de Estados Unidos han cuestionado si la insistencia de Sheinbaum en defender la soberanía de Venezuela implica un respaldo implícito al régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de narcoterrorismo y cuyos vínculos con actividades ilícitas han sido subrayados por autoridades estadounidenses. 

A nivel internacional, la postura de México se enmarca dentro de una división global sobre la intervención estadounidense: mientras países como Brasil y Rusia también han condenado el ataque, otros gobiernos y analistas han defendido la acción de Estados Unidos por considerar a Maduro un gobernante ilegítimo y peligroso para la región. 

En México, la respuesta de Sheinbaum ha avivado el debate político interno, con opositores que argumentan que su condena podría afectar las relaciones bilaterales con Washington en un momento delicado, y aliados que defienden la postura como un acto de firmeza diplomática y respeto a los principios constitucionales. 

La polémica continúa mientras la comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan las reacciones ante esta crisis en el hemisferio occidental.