La reciente aprobación de la denominada “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí ha detonado un intenso debate político y jurídico a nivel nacional, al colocar sobre la mesa una discusión de fondo: cómo garantizar la paridad de género sin vulnerar los principios constitucionales de libre participación y competencia democrática.
La reforma, avalada por el Congreso local, establece que en el proceso electoral de 2027 los partidos políticos deberán postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura, con el objetivo de asegurar que la entidad tenga, por primera vez, una gobernadora. No obstante, la medida ha generado reacciones encontradas entre fuerzas políticas, especialistas electorales y actores del ámbito público.
Paridad sí, imposición no
Diversas voces han coincidido en la necesidad de fortalecer la participación política de las mujeres, una deuda histórica en la vida pública del país. Sin embargo, el debate se ha centrado en si una medida de este tipo garantiza igualdad sustantiva o si, por el contrario, impone restricciones que podrían ser consideradas inconstitucionales.
Dirigentes partidistas y legisladores federales han advertido que la ley podría derivar en impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que limita el derecho de los partidos a definir sus candidaturas y el derecho de la ciudadanía a elegir entre todas las opciones posibles.
Un precedente para otros estados
Más allá de San Luis Potosí, la “Ley Gobernadora” ha encendido alertas en otras entidades del país, donde ya se discuten iniciativas similares rumbo a los procesos electorales de 2027. Especialistas advierten que el caso podría sentar un precedente nacional, tanto en materia de paridad como en la interpretación de los derechos político-electorales.
En este contexto, el debate no solo es legal, sino político y social: ¿cómo avanzar hacia una representación equitativa sin que la paridad sea utilizada con fines de control político o sucesión anticipada?
Interés nacional
Desde el Estado de México, analistas coinciden en que este tema trasciende fronteras estatales y obliga a una reflexión profunda sobre el futuro de la democracia mexicana, el papel de las mujeres en el poder y los límites de las reformas electorales.
La discusión sobre la “Ley Gobernadora” apenas comienza y su desenlace podría marcar el rumbo de las elecciones estatales y federales en los próximos años, redefiniendo las reglas del juego político en todo el país.
