Diputadas y diputados acordaron incluir a las secretarías estatales de Salud, Educación y Finanzas en el debate para garantizar operatividad y suficiencia presupuestal de la iniciativa presentada por la diputada Zaira Cedillo (Morena).
Toluca, Méx., 20 de octubre de 2025. Las comisiones legislativas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México acordaron ampliar la participación de instituciones y dependencias en el análisis de las leyes secundarias que regulan la aplicación del aborto legal antes de las 12 semanas de gestación.
Durante la sesión, legisladoras y legisladores coincidieron en la importancia de que las secretarías de Salud; de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y de Finanzas del Gobierno estatal contribuyan a fortalecer la propuesta con una visión técnica, operativa y presupuestal.
El acuerdo surgió del debate en torno a la iniciativa de la diputada Zaira Cedillo Silva (Morena), quien preside la Comisión para la Igualdad de Género, y que busca garantizar la aplicación efectiva del aborto legal y seguro, tras su despenalización aprobada el 25 de noviembre de 2024.
Por propuesta de las diputadas Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) y Miriam Silva Mata (PVEM), también se resolvió incorporar al estudio las comisiones de Salud, Asistencia y Bienestar Social; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Finanzas Públicas, por el impacto transversal que implican las reformas. Asimismo, el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) pidió incluir iniciativas similares, como la presentada por Ana Yurixi Leyva Piñón (PT).
Zaira Cedillo explicó que el proyecto legislativo se sustenta en tres ejes principales:
Educación sexual integral, con entrega de productos para la gestión menstrual y métodos anticonceptivos. Salud y atención digna, mediante servicios gratuitos, seguros y sin discriminación, tanto para la interrupción legal del embarazo como en la atención obstétrica. Protección de infancias y juventudes, con orientación y servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a cada edad.
En su intervención, Emma Álvarez, presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, pidió que la discusión se realice “con prudencia legislativa, sensibilidad y rigor técnico”, destacando que el tema debe abordarse sin polarización y con responsabilidad hacia el sistema de salud.
Por su parte, Miriam Silva subrayó la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del personal médico, mientras que Octavio Martínez recordó que el Estado de México “lleva dos décadas de retraso” en la actualización de su marco normativo respecto a otras entidades y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En respuesta, Zaira Cedillo precisó que la objeción de conciencia será respetada, aunque el Estado deberá asegurar la atención médica en casos de riesgo para la vida o salud de la persona gestante, discriminación u odio, y cuando no existan alternativas accesibles.
Afirmó que la implementación no representa una carga presupuestal adicional, pues los insumos y medicamentos están contemplados dentro del sistema IMSS-Bienestar y del ISSSTE, que ya ofrecen estos servicios.
Con esta ampliación de participantes y el análisis interinstitucional, el Congreso mexiquense busca garantizar una aplicación efectiva, segura y con sustento técnico y financiero del aborto legal en la entidad, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la legislación vigente.
