Toluca, Estado de México, diciembre de 2025. El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la LXII Legislatura del Estado de México, coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez, logró durante el primer periodo ordinario del segundo año legislativo la aprobación de reformas clave para garantizar la detección y atención médica oportuna a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como para fortalecer la protección de los animales de compañía y el control de fauna urbana.
Entre los avances legislativos destaca la aprobación de disposiciones que establecen campañas permanentes contra el estigma, priorizan la atención a población no derechohabiente y aseguran el tratamiento oportuno de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. De manera paralela, el Pleno avaló —en conjunto con otra fuerza política— la declaratoria del “Paseo de los Muertitos” de Tultepec como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México.
Asimismo, la bancada perredista logró un exhorto dirigido a los 125 municipios para reforzar las acciones de control de fauna canina y felina, subrayando la necesidad de atender la presencia de animales en situación de calle y fomentar la tenencia responsable de mascotas como medida de protección a la salud pública.
El GPPRD, integrado también por la diputada Araceli Casasola Salazar, impulsó una amplia agenda legislativa enfocada al emprendimiento, igualdad salarial, prevención del delito, cuidado del agua y del medio ambiente, así como el combate a la violencia de género, cuyas iniciativas continúan en análisis dentro de comisiones legislativas.
En materia económica, el grupo parlamentario propuso que personas emprendedoras en situación de desventaja accedan a programas de asistencia social, recursos y capacitación, a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, al considerar que la falta de capital y los altos costos limitan la consolidación de nuevos negocios.
Para avanzar hacia la igualdad salarial, plantearon facultar a autoridades estatales y municipales para requerir tabuladores salariales a las unidades económicas, con el fin de verificar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
En el ámbito de la prevención del delito, propusieron programas permanentes de formación para adolescentes, coordinados entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y autoridades educativas, con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género, cultura de paz y respeto a la diversidad. Además, impulsaron penas de hasta 20 años de prisión por extorsión, cuando este delito provoque el cierre o desplazamiento de micro, pequeñas y medianas empresas.
Para atender la crisis hídrica, el GPPRD promovió iniciativas para fortalecer la cultura del agua desde el sector educativo, así como la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en viviendas, comercios, industrias, escuelas y espacios públicos. También propuso diagnósticos y monitoreo permanente de los sistemas de agua potable y saneamiento para reducir pérdidas y mejorar la coordinación intergubernamental.
En materia ambiental, plantearon sanciones de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por incumplir la separación de residuos desde su origen, y finalmente propusieron penalizar hasta con tres años de prisión el “stealthing”, práctica que vulnera el consentimiento sexual al retirar el preservativo sin autorización, con agravantes si genera embarazo, contagio o daño psicológico.
Con esta agenda, el GPPRD refrendó su compromiso con la salud pública, la justicia social, la protección del ambiente y los derechos humanos en el Estado de México.
