Por Carlos Ramírez
Luego de haber padecido durante casi seis años el bloqueo judicial en la Suprema Corte en modo de lawfare política de la oposición del PRIAN, la reforma judicial delineada por el presidente López Obrador que pondrá en marcha la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo no es una locura populista sino algo que en los equilibrios de grupos de poder dentro del sistema político/régimen de gobierno se conoce como “póliza de seguro”.
La reforma judicial de 1994 que impuso el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como mandatario salido por accidente del PRI y decidido a mantener una sana distancia con el partido de Estado como definición de gobierno fue motivada justamente por su posición a contrapelo de las prácticas priistas. La renovación de la Corte y la incorporación de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad le permitieron a Zedillo una serie de reformas contrarias a la lógica del PRI pero teniendo como “póliza de seguro” a un Poder Judicial separado del sistema/régimen priista.
El paquete de iniciativas anunciado por el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero de modo natural se presentaba como un banquete de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por la configuración de la mayoría de ocho de los once ministros; y aunque Sheinbaum tiene la posibilidad de nombrar a finales de este año a un/a ministro/a y a otro/a en 2027, de todos modos la distribución del Poder Judicial a través de jueces, magistrados y ministros amenazaba con convertirse en un bloqueo de las iniciativas reformistas de la 4-T.
El modelo de reformas estructurales del Poder Judicial como “póliza de seguro” en la coyuntura de alternancia de un nuevo enfoque del Poder Ejecutivo ha sido estudiado de manera jurídica por la propia Suprema Corte, como se contiene en el libro digital Art. 105. Veinte años no es nada. La Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma judicial de 1994, coordinado por Camilo Emiliano Saavedra Herrera, investigador jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte
Zedillo no era el presidente de la República construido por Salinas y llegó a la candidatura en la Semana Santa de 1994 como beneficiario del asesinato del candidato oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ciertamente, Zedillo estaba apuntado, en el modelo transexenal de Salinas para la candidatura del 2000, pero tendría medio sexenio para incorporarse en modo mafioso al proyecto salinista.
En los hechos, Zedillo estaba perfilado como una continuidad absoluta del proyecto del presidente Salinas de Gortari, con la excepción de que se atravesó en el camino el asesinato de Colosio, se introdujo en el imaginario social colectivo la versión de un crimen de Estado y Zedillo iba a tener que cargar seis años con los cadáveres políticos de Colosio y Salinas, algo que no se acomodaba a su propio modo autoritario y unidireccional de funcionar.
Asimismo, Zedillo estaba lejos de imaginar una transición a la democracia operada por su administración, pero las tensiones políticas hacia el interior de la sucesión salinista le prendieron focos de alarma sobre ciertos estilos autoritarios de Salinas: el control de la campaña, la exclusión de su verdadero promotor político Joseph-Marie Córdoba Montoya, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu como operador político de Zedillo que estaba perfilando ya en septiembre de 1994 una propuesta de transición a la democracia que liquidaría de inmediato el salinato transexenal y los diferendos Salinas-Zedillo sobre el tipo de cambio.
Zedillo negó cualquier concesión a Salinas aún antes de terminar el tiempo sexenal, sobre todo la insistencia del presidente saliente para mantener en la Secretaría de Hacienda a Pedro Aspe Armella. Zedillo no era jurista, pero como economista en la Secretaría de Programación y Presupuesto siempre se preocupó por el perfil jurídico de sus decisiones e inclusive tuvo un pequeño grupo asesor en derecho constitucional.
La reforma judicial de Zedillo fue preparada en su tiempo de presidente electo y se puso en marcha a los primeros seis días de jurar como presidente. Como sabía que el sistema/régimen/Estado/Constitución priista iba a bloquear sus reformas, Zedillo se curó en salud y compró una “póliza de seguro” al cambiar el Poder Judicial y hacerlo aliado de su presidencia.
La reforma judicial del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum es la “póliza de seguro” para impedir el bloqueo del PRIAN a las reformas constitucionales anunciadas desde el 5 de febrero.
