Por Carlos Ramírez
La decisión política de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, de abrir una lawfare –guerra judicial– contra su antecesor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue un acto de desesperación que no podrá evitar lo inevitable: si la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo gana las elecciones, tendrá la facultad de designar cuatro nuevos ministros de la Corte entre diciembre de 2024 y diciembre de 2027 y sumar una mayoría de siete togados leales del total de once.
La Suprema Corte se enfila hacia una parálisis en dos escenarios, si Sheinbaum gana las elecciones:
1.- La 4-T tiene hoy tres ministros leales; necesita una cuarta toga para sumar cuatro y bloquear la mayoría de ocho ministros para aprobar controversias.
2.- La próxima presidenta tendrá posibilidades de designar a cuatro ministras: una en diciembre de este año, otra en 2025 y dos en 2027. Sumaria siete, pero le faltaría uno para los ocho mínimo que se requieren para mayoría de controversias.
La clave está en la ministra Ana Margarita Ríos Farjart, quien llegó a propuesta de López Obrador, pero volteó bandera contra la 4-T.
En todo caso, los siete ministros de Claudia –si gana las elecciones– sólo podrían servirle para bloquear controversias y anular a la ministra presidenta e impedirle su reelección en dos años.
En este sentido, la ministra presidenta Piña Hernández pareció no tener más que dos posibilidades: dinamitar la estructura del Poder Judicial lanzando toda la jauría mediática con el caso Zaldívar o seguir a las reglas del juego político de no embarrar a la Corte en jaloneos de grupos de poder. Piña Hernández empantanó a la Corte en una guerra política entre poderes.
Lo malo para la ministra Piña Hernández fue su insensibilidad para darle una lectura estratégica a la correlación electoral de fuerzas políticas: la candidata oficial Sheinbaum ha encabezado las tendencias electorales con un porcentaje de 45%-60%, sin que la opositora Gálvez Ruiz haya representado algún indicio de competencia real, sobre todo porque no pudo construir un bloque opositor entre los desprestigiados partidos del PRIANREDE y la clase media alta que sigue viendo con desprecio el enfoque populista basado en la protección de grupos desplazados y dependientes.
Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2027 terminarán su gestión como ministros de la corte Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Gelacio Pérez Dayán, los cuatro ministros propuestos por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El primero termina su gestión en diciembre de este año, el segundo agota su periodo en febrero de 2026 y los dos restantes entregarán su toga en diciembre de 2027. Las opciones son cortas: la designación consensuada del Senado con la presidenta de la república o por dedazo si la mayoría legislativa no completa la mayoría calificada como ocurrió con Batres Guadarrama.
Si se quiere resumir la verdadera disputa político-electoral de 2024, habría que centrar la atención en dos mayorías en disputa: la mayoría calificada en las dos cámaras legislativas con la meta de 67% de curules y la mayoría de ocho ministros de la Corte; en el legislativo, López Obrador y Morena tienen hoy en día el 53% de los asientos, suficientes para la aprobación de leyes; y en la Corte Morena cuenta con tres ministros: Yazmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama, pues la ministra Ana Margarita Ríos Farjat fue promovida por López Obrador pero se sumó ya a la mayoría anti 4-T.
La ministra Piña Hernández tenía márgenes de maniobra para administrar la denuncia anónima contra el ministro Zaldívar hasta después de las elecciones, pero tomó la decisión política de estallar el escándalo después del fracaso de Xóchitl en el debate y ante la tendencia electoral que beneficia a la 4-T. Y la ministra presidenta se metió en un conflicto muy grave porque ahora tiene la obligación moral y política de abrir investigaciones sobre todos los exministros de la Corte con sospechas de haber utilizado su cargo como trampolín político, sobre todo a la hoy exministra jubilada Olga Sánchez Cordero, senadora y exsecretaria de gobernación de la 4-T.
En el contexto de la ventaja electoral de Sheinbaum no se entendió la jugada política de la ministra presidenta de la Corte de lanzarse contra del presidente López Obrador y contra Zaldívar ya en funciones clave en el gobierno actual y en el equipo de campaña de la candidata Sheinbaum.
Con cuatro ministras de las 4-T este año –y tres más en curso– y marcada por una lawfare contra el grupo lopezobradorista, la ministra presidenta Piña Hernández quedará inutilizada justo a la mitad de su periodo de cuatro años al frente del Poder Judicial.
