Por Carlos Ramírez
No ha sido casual que los verdaderos aliados de la alianza PRIANREDE-derecha no fueron los ciudadanos no politizados al borde de un ataque de nervios, sino los intereses económicos y financieros del capital que desde 1976 imponen el modelo de desarrollo especulativo con la manipulación artificial de la Bolsa de Valores, el tipo de cambio y los temores sociales.
La derecha económica y financiera apareció justo después de que la derecha social-electoral había aceptado el dictamen de las urnas y con decisiones especulativas esa derecha tumbó el precio de las acciones en la Bolsa y provocó un ajuste al alza en el tipo de cambio, sólo que con la circunstancia agravante de que sus propias utilidades y riquezas tuvieron que ser sacrificadas con tal de atemorizar a los electores.
En este contexto, la verdadera lucha sistémica no es entre el nuevo bloque dominante de Morena y aliados en modo de proyecto popular que se puede sintetizar cómodamente en populismo y la derecha financiera que salió a la calle al luchar a brazo partido por la triada ideológica fascistoide: vida, verdad y libertad.
La auténtica lucha por México en el escenario de democracia-modelo de desarrollo se ha dado entre los sectores políticos progresistas –incluyendo al PRI y al PAN en sus tiempos pasados de ideas– y los intereses del gran capital que impusieron el modelo de capitalismo mixto con dominio empresarial, que combatieron la política social de Echeverría y López Portillo, que generaron la crisis financiera de devaluación con inflación y que prohijaron el modelo neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, extendido en la transición electoral con alternancia pero manteniendo el eje de poder real en la Secretaría de Hacienda controlada por los Chicago boys mexicanos como hijos del neoliberalismo de Milton Friedman.
El asalto especulativo a la Bolsa de Valores y al peso después de las elecciones del pasado 2 de mayo que decretaron de manera contundente una mayoría presidencial que no se veía desde 1988 y una nueva mayoría legislativa calificada progresista mostró la inocultable disputa por la nación entre dos proyectos: el neoliberal de mercado que había mantenido bajo sometimiento de muchas maneras al Estado y a los presidentes del ciclo de democracia electoral y el popular que se expresó en los gobiernos de Lázaro Cárdenas,
Echeverría y López Portillo y se consolidó con mayor fuerza legal, legítima y electoral con López Obrador.
Lo que no lograron las marchas de la marea rosa ni el discurso derechista fortalecido por los intelectuales del establishment neoliberal, lo consiguió la ofensiva especulativa en la Bolsa y el tipo de cambio, aunque, como ya se vio, sin intimidar al presidente López Obrador ni a la candidata ganadora Sheinbaum Pardo porque los dos ya tomaron la decisión avalada en las urnas de una reforma de instituciones que estaban al servicio de los intereses del gran capital.
Después del asalto especulativo malintencionado en la bolsa y el tipo de cambio, ahora lo que viene es nuevamente el petate del muerto de que los inversionistas no llegarán a México por un gobierno populista de hegemonía del Estado sobre el desarrollo y que muchos de los que ya están podrían hacer maletas y buscar otros países que los reciban con sus tasas insultantes de utilidad empresarial.
Sólo que se trata de una falsa batalla mediática: todos los capitales asentados en México y los que pueden venir saben que podrán tener altas tasas de utilidad si se ajustan a la nueva normatividad legal y si no se ponen el objetivo inmediato de someter bajo su mando al Estado y a sus funcionarios. La inversión extranjera directa nunca había llegado como en los tiempos populistas de López Obrador en Palacio Nacional y los conflictos sólo surgieron en aquellas áreas que el presidente Enrique Peña Nieto y su asesor Carlos Salinas de Gortari entregaron a la inversión extranjera en las áreas energéticas.
La disputa por la nación entre los especuladores nacionales-extranjeros y la nueva mayoría presidencial y legislativa calificada va a profundizar las tensiones en el sistema no institucional de toma de decisiones, pero ahora con un aparato público más fuerte, como un Estado que recuperará espacios de autoridad que fueron cedidos a una burocracia del funcionariato contratado por el Estado con altos salarios para oponerse al Estado y una mayoría que bien pudiera pronto salir a las calles para exhibir la impunidad especulativa de los grandes capitales.
Lo que queda claro es que la democracia electoral que votó la ciudadanía quiere convertirse en una dictadura del capital provocando de manera artificial crisis económicas y financieras para doblegar la autoridad del Estado.
