Todo presidente de la República arranca su sexenio con una prioridad fundamental: construir su hegemonía sobre el grupo dominante de su antecesor, sin que necesariamente signifique alguna ruptura en la coalición dominante.
Y todo titular de la presidencia de la República se encuentra con dos bloques de poder al interior del colectivo político que ganó las elecciones: el del presidente saliente que quiéralo o no todavía ejerce el poder para consolidar su proyecto transexenal antes que su sucesor asuma todo el control político y el de los precandidatos y candidatos que perdieron las elecciones internas dentro del partido tratando de aprovechar al máximo los espacios que les tocaron en el reparto de posiciones de poder como perdedores.
En realidad, no se trata de una ruptura del nuevo bloque gobernante, sino de la construcción de la dirección política de la hegemonía del sucesor.
En este punto se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: definir con energía su línea de mando sobre toda la coalición de grupos dominantes, sin necesariamente salirse del carril definido con claridad de la 4-T. Por ejemplo, la presidenta tomó una decisión que iba a mandar mensajes de fondo a la comunidad de inversionistas al reunirse con el empresario Carlos Slim Helú y su influencia empresarial y al mismo tiempo con el presidente del Consejo coordinador empresarial, Francisco Cervantes, pero justo en el momento en que el sector político-legislativo estallaba una carga submarina de alta letalidad política con la ruptura adelantada del concepto de supremacía constitucional, por sus efectos en el Estado de derecho al trasladar el poder de la Carta Magna al legislativo, arrebatándoselo al judicial.
Aunque ya tenían ganada la batalla político-jurídica de la validez constitucional de las reformas, los liderazgos legislativos de Morena se movieron más en los tiempos y preocupaciones del presidente emérito López Obrador para terminar de liquidar la fuerza política del Poder Judicial en la estructura constitucional, y con indicios que se notaron en la cara de sorpresa de la presidenta Sheinbaum al intentar explicar las razones de una iniciativa de ley que en principio iba a destruir toda la política constitucional de derechos humanos.
En el fondo, esas decisiones no mostraron indicios de que se tratara de proyectos distintos, sino más bien de tiempos políticos diferentes y de intereses prioritarios más expresidenciales que presidenciales. Y en el escenario de las riendas del poder, la presidenta Sheinbaum podría estar pasando problemas para definir con claridad la línea en el ejercicio de su mando presidencial: el partido Morena quedó en manos de la última secretaria de Gobernación lopezobradorista y Andrés Manuel López Beltrán y los liderazgos legislativos –los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña y el diputado Ricardo Monreal Ávila– parecen estar manejando sus propias agendas del poder con miras a las elecciones presidenciales de 2030.
En estos 24 primeros días de gobierno, en la escena política todavía no se percibe una línea enérgica de mando por parte de la presidenta Sheinbaum y la autonomía relativa de los liderazgos legislativos de Morena están más acomodados a la agenda política del presidente emérito y su decisión expresidencial de consolidar a como dé lugar una reforma judicial que ya se aprobó y cuya viabilidad va a depender de los tiempos políticos de la presidenta Sheinbaum porque a ella le tocará no la aprobación de reglas sino el proceso súper enredado de elección de jueces, magistrados y ministros.
El debate sobre la supremacía constitucional, aunque fue restringido en ajustes de última hora, va a definir el modelo de sistema/régimen/estado/Constitución de la presidenta Sheinbaum para los largos seis años de su gobierno que todavía ni siquiera llega al primer mes. Lo ocurrido en los últimos siete días no deja ver con claridad que la agenda de la reorganización constitucional del poder sexenal pudiera estar en Palacio Nacional o con indicios claros de que los tiempos de amarres del poder presidencial sean los de la presidenta y no los de los titulares de los cargos legislativos que debieran estar subordinados sin distracciones a los ritmos presidenciales.
El problema no radica en que la presidenta Sheinbaum pudiera tener otro proyecto presidencial, sino que se trata del mismo que dejó como legado López Obrador, pero que los tiempos operativos revelan indicios de que a la presidenta entrante le está costando esfuerzos tomar en su puño los hilos del poder.
