El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la LXII Legislatura local presentó una iniciativa para endurecer las penas por el delito de extorsión cuando este acto derive en el cierre parcial, definitivo o en el desplazamiento forzado de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado de México.
La propuesta, impulsada por el coordinador parlamentario Omar Ortega Álvarez, plantea incorporar esta situación como agravante en el Código Penal estatal y sancionarla con penas de 15 a 20 años de prisión, además de 2 mil a 2 mil 500 días multa.
Durante la lectura de la iniciativa, Ortega señaló que la medida busca reconocer la vulnerabilidad de las Mipymes, que representan el 90% de las unidades económicas de la entidad, y que enfrentan un profundo daño social y económico cuando son víctimas de extorsión.
El legislador destacó que fortalecer el carácter disuasivo de la ley es indispensable para enviar un mensaje claro: en el Estado de México, la actividad económica lícita debe ser protegida como parte esencial de la seguridad pública, el bienestar social y el desarrollo regional.
La propuesta también advierte que la entidad vive una “crisis silenciosa pero devastadora”, pues la extorsión se ha convertido en la segunda causa de cierre de empresas, solo por debajo del pago de rentas.
De acuerdo con datos del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, más de mil 500 denuncias por extorsión se han registrado en lo que va del año.
El GPPRD aseguró que esta reforma busca garantizar sanciones proporcionales al daño causado y proteger la estabilidad económica de miles de negocios mexiquenses.
