Por Carlos Ramírez

El discurso político de López Obrador durante su campaña por la presidencia en 2018 se basó en la propuesta formal de un cambio de régimen que pudiera fijar los criterios de una nueva transformación nacional general similar a la que ocurrió en 1810 con la Independencia, en 1855 con la Reforma y en 1910 con la Revolución. La intención fue ambiciosa, pero el saldo debe medirse en la falta de un proyecto real de ruptura de sistema/régimen/Estado/Constitución.

Desde Palacio Nacional logró el presidente de la República mantener vivo un discurso, pero con alcances reales muy limitados en tanto que jugó con las reglas del régimen, a diferencia de las tres transformaciones anteriores: la Independencia aniquiló el régimen español, la Reforma destruyó el conservadurismo católico y la Revolución fundó un nuevo Estado social.

Las decisiones presidenciales, al no ser estrictamente revolucionarias en cuanto a la transformación, dependieron básicamente de la inexistente mayoría absoluta legislativa y de algunos acuerdos con la oposición para una mayoría calificada que pudo cambiar algunos artículos de la Constitución referidos al bienestar social.

En este contexto, la 4-T no fue una transformación similar a las anteriores, sino que apenas alcanzó reformas viables de tipo legislativo. El Instituto Belisario Domínguez del Senado acaba de destacar que el rendimiento en aprobación de leyes del Gobierno de López Obrador fue muy menor a los anteriores, pero hay que a aclarar que no fue por falta de voluntad sino porque quiso meter como reformas de mayoría absoluta (51% de legisladores) algunas que sólo podían aprobarse con mayoría calificada (67%). De todos modos, el saldo legislativo fue sobresaliente porque llevó a la oposición a votar por una política de subsidios sociales que regresó al gasto público de bienestar.

Las partes más agresivas de las reformas planteadas por el Gobierno de López Obrador tuvieron que ver con tres puntos centrales: la restauración del presidencialismo centralista, el cambio de configuración y dominación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y la desactivación de los organismos autónomos del Estado que fueron inventados por el modelo de Carlos Salinas de Gortari de Estado autónomo de compromisos sociales y que crearon una casta de funcionarios –el funcionariato– designados por la simbiosis gobierno federal-mayoría de partidos y que eran ajenos a cualquier compromiso con la sociedad.

Estas reformas no alcanzaron a configurar un cambio de régimen, salvo la propuesta de elegir por voto popular a los ministros de la Corte en un acto más de democracia participativa que de creación de un nuevo régimen de Estado. El regreso a la economía presidencial en modo explicado en 1987 por el ensayista Gabriel Zaid tampoco modificaba la escultura del régimen, sino que dinamizaba más el sistema presidencialista que se había agotado con Echeverría y López Portillo por el faraonismo del gasto público crecientemente, desorganizado y deficitario con un impacto grave y negativo en la inflación y desde luego el tipo de cambio.

El discurso de la 4-T fue más bien un programa alternativo al de un liberalismo salinista que operó de 1983 a 2018, que logró una estabilidad macroeconómica a costa de la afectación del bienestar social del 80% de la población nacional y que no modificó la estructura productiva y dejó el modelo de maquilización  productiva que instauró el Tratado de Comercio Libre porque no pudieron impulsar una nueva planta productiva moderna y que dejó una herencia nefasta del 60% de la población económicamente activa como economía informal.

El problema que no pudo resolver en la práctica el proyecto lopezobradorista fue el de los límites económicos del Gobierno-estado por la estructura de los ingresos fiscales tradicionales, con la negativa gubernamental por presión del FMI para aumentar el circulante monetario o echar a andar la maquinita de impresión de dinero que en el pasado produjo la inflación y por lo tanto los límites en ingresos tributarios apenas alcanzaron para financiar las obras de la economía presidencial.

En este contexto, no se puede hablar en un segundo piso de la 4-T si el primero quedó en obra negra, sin funcionalidad para operar y con rezagos disfuncionales.

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