Con el objetivo de sancionar con mayor rigor uno de los actos de violencia de género más crueles y lesivos, la diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para tipificar como delito autónomo las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas contra mujeres, estableciendo penas de hasta 58 años y cuatro meses de cárcel.
La legisladora expuso que actualmente estas agresiones se contemplan únicamente como una agravante del delito de lesiones, con sanciones de cinco a 10 años de prisión, lo que resulta insuficiente frente a la gravedad y consecuencias permanentes que generan en las víctimas.
Penas más severas y sin beneficios
De acuerdo con la propuesta, la pena básica será de 20 a 35 años de prisión y multas de hasta mil UMA (113 mil 114 pesos). En caso de provocar deformidad permanente, pérdida de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total, o incapacidad permanente para el trabajo, la sanción podría alcanzar 58 años y cuatro meses de prisión y multas superiores a 188 mil pesos.
Asimismo, las penas se incrementarán cuando las lesiones afecten zonas sensibles como el rostro, cuello, cabeza, manos u órganos sexuales; cuando el delito sea cometido por un servidor público abusando de sus funciones; o cuando exista relación de parentesco, convivencia, subordinación laboral, docente o de cuidado con la víctima.
La iniciativa también incorpora la tentativa del delito, que se castigará con penas de entre dos tercios y tres cuartos de las establecidas para el ilícito consumado. Además, se precisa que no procederán beneficios ni sustituciones de la pena cuando se acredite que la agresión se cometió por razones de género.
Obligaciones para médicos y ministerios públicos
Rivera Sánchez planteó que el personal de salud que atienda a sobrevivientes de violencia ácida deberá otorgar atención inmediata y prioritaria, conservar evidencia clínica y biológica, y notificar en un plazo máximo de 24 horas al ministerio público, aportando dictámenes necesarios para la investigación.
Por su parte, el ministerio público deberá reconocer de inmediato la calidad de víctima, activar medidas de protección, coordinar peritajes especializados sobre las sustancias empleadas y garantizar el acceso a reparación integral del daño.
Regulación de sustancias y sanciones adicionales
La propuesta también incluye sanciones de tres a siete años de cárcel y multas de hasta 33 mil pesos a quienes vendan, suministren o faciliten sustancias corrosivas con conocimiento de su posible uso para cometer delitos. De igual forma, se instruye a autoridades administrativas a establecer mecanismos de control, registro y comercialización de estas sustancias.
Un problema invisible pero recurrente
Durante la presentación, la diputada reconoció que no existe un registro oficial exhaustivo sobre violencia ácida en la entidad. No obstante, señaló que la documentación realizada por sobrevivientes y organizaciones civiles revela patrones constantes: la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes, los agresores suelen ser hombres cercanos y los ataques ocurren en espacios que deberían ser seguros, como el hogar, centros de trabajo o calles próximas a las viviendas.
Finalmente, Rivera Sánchez propuso modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para incorporar la definición de violencia ácida como una forma específica de violencia física y de género, caracterizada por infligir dolor, humillación y desfiguración, atentando contra la dignidad e identidad de las mujeres.
