Las autoridades de Estados Unidos y México lanzaron esta semana una acción coordinada contra la denominada familia Hysa, a la que acusan de integrar una red transnacional de lavado de dinero que presuntamente operaba para el Cártel de Sinaloa mediante el uso de casinos, casas de apuestas y restaurantes. El operativo incluyó sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense, así como medidas administrativas en México, entre ellas el congelamiento de cuentas y la suspensión de establecimientos ligados al grupo.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a 27 personas y entidades —entre ellas miembros del llamado “Grupo Hysa de Crimen Organizado”— a su lista de sancionados, lo que bloquea su acceso al sistema financiero estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos. La investigación detalla que la red habría operado entre 2017 y 2024, facilitando la integración y legitimación de recursos ilícitos en distintos países.
Las autoridades señalan que el grupo utilizaba casinos y restaurantes en territorio mexicano como fachadas para blanquear dinero del narcotráfico. En respuesta, instituciones mexicanas anunciaron el bloqueo de cuentas bancarias y la suspensión de varios establecimientos vinculados a la red. Reportes mediáticos señalan que al menos diez casinos habrían sido identificados por Estados Unidos como parte del esquema financiero utilizado por el grupo.
Entre los integrantes más visibles se encuentran los hermanos albaneses Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, quienes, según las indagatorias, habrían coordinado movimientos financieros y creación de estructuras societarias para ocultar la procedencia del dinero. Las operaciones incluían transferencias entre México, Canadá, Europa y países con marcos regulatorios más laxos, como Panamá y Rumania.
La defensa legal de la familia Hysa rechazó las acusaciones y afirmó que los señalados son empresarios dedicados a actividades legítimas, negando cualquier vínculo con el lavado de dinero o con organizaciones delictivas. No obstante, las sanciones de OFAC implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y severas restricciones para participar en operaciones financieras internacionales.
Especialistas consultados por medios internacionales explicaron que este tipo de acciones busca cerrar los canales económicos que permiten a los cárteles insertar capital ilícito en sectores formales, particularmente en el rubro de apuestas y entretenimiento. También destacaron que la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses es clave para frenar el tránsito transfronterizo de capitales y disuadir el uso de estructuras comerciales para actividades de lavado.
En el caso del Estado de México, el impacto directo aún es incierto. Hasta el momento, no existe un listado público de establecimientos o inversiones de la familia Hysa dentro del territorio mexiquense. Autoridades fiscales y la Unidad de Inteligencia Financiera no han emitido comunicados adicionales sobre posibles alcances regionales, aunque podrían surgir nuevas acciones en las próximas semanas.
La investigación del Tesoro estadounidense abre la puerta a la integración de nuevas carpetas en México y a una eventual colaboración judicial para rastrear bienes y responsabilidades penales. Las Voces del Edomex dará seguimiento a cualquier actualización oficial y a las respuestas de los implicados, e invita a la ciudadanía a denunciar irregularidades en establecimientos de apuestas o restaurantes que operen sin transparencia en sus municipios.
