La diputada Jennifer Nathalie González López, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que plantea sanciones de 4 a 10 años de prisión, además de destitución, inhabilitación y multas de 100 a 150 días, a las personas servidoras públicas del ámbito de justicia y seguridad que nieguen la impartición de justicia a mujeres víctimas de violencia de género.
La propuesta incorpora los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia del 25 de marzo de 2015, derivada del asesinato de Mariana Lima Buendía en 2010. Dicha resolución estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género bajo el protocolo de feminicidio, ya que la inacción o indiferencia del Estado genera revictimización y discriminación.
Responsabilidad de servidoras y servidores públicos
Las sanciones se aplicarían cuando las y los funcionarios, obligados a investigar y sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurran en negligencia, corrupción, omisiones, falencias o actos que obstruyan la investigación y con ello vulneren el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Asimismo, la diputada propuso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluidos casos clasificados inicialmente como suicidios o accidentes.
Feminicidio en cifras
González recordó que en el Estado de México el feminicidio se tipificó en marzo de 2011 con una pena máxima de 70 años de prisión, ampliable hasta 93 años y 4 meses en determinadas circunstancias. Sin embargo, advirtió que los casos no han disminuido:
2015: 60 casos 2016: 57 casos 2017: 70 casos 2018: 115 casos 2019: 121 casos 2020: 151 casos 2021: 145 casos 2022: 138 casos 2023: 89 casos
Estado de México a la vanguardia
Para la legisladora, con esta reforma el Estado de México se colocaría a la vanguardia nacional al establecer las razones de género como un elemento clave para sancionar la negativa de impartir justicia en casos de feminicidio y otros delitos en los que la víctima sea mujer.
“Se trata de garantizar que ninguna servidora o servidor público pueda negar justicia a una víctima de violencia de género sin enfrentar consecuencias legales”, enfatizó González.
