PUEBLA, Pue.— Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reveló una red de presunta corrupción y vínculos con el crimen organizado, tras el cateo a varios inmuebles del presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, donde fueron asegurados armas de fuego, drogas, cartuchos, vehículos con reporte de robo y documentos comprometedores.
Los cateos, realizados tanto en Cuautempan como en el municipio vecino de Ahuacatlán, contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública estatal y la Agencia Estatal de Investigación, como parte de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025.
Entre las líneas de investigación, la FGE indaga delitos como secuestro, extorsión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Además, se investiga el presunto cobro de “derecho de piso” a comerciantes locales, con cuotas que oscilaban entre los 200 y 500 pesos, así como una posible red de distribución de drogas en ambos municipios.
El escándalo también alcanza el terreno administrativo: al menos siete familiares del edil estarían ocupando cargos públicos, lo que podría constituir un caso de nepotismo.
Tras los cateos, Gerardo Cortés solicitó licencia para ausentarse del cargo, derecho que le concede la Ley Orgánica Municipal hasta por 90 días, prorrogables. Cabe destacar que el edil fue reelecto en 2024 bajo la coalición entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena.
Cuestionado al respecto, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, fue enfático: “Ni los protegemos, ni los promovemos, ni los defendemos; sólo defendemos a las mujeres y a la población”, declaró en entrevista desde el Parque de los Niños, en esta capital.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pidió cautela: “Les ruego que tengan paciencia, en su momento las autoridades darán a conocer el resultado de las investigaciones”.
La situación en Cuautempan se convierte en uno de los casos más delicados de presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales de Puebla, mientras las autoridades continúan con las indagatorias y se espera una eventual judicialización del caso.