*El ahora sentenciado almacenaba videos e imágenes que la joven de 15 le año le mandó en correos electrónicos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la intervención de Geovani Castro Segura en los delitos de trata de personas, en la hipótesis de almacenamiento de fotografías y videos con contenido de actos sexuales o de exhibicionismo corporal, así como trata de personas, en la hipótesis del que someta a una persona para producir material pornográfico en agravio de una adolescente, por lo que fue sentenciado a 26 años y un mes de prisión.
De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense se determinó que durante el mes de julio del año 2020 el ahora sentenciado obligó a una adolescente de entonces 15 años a producir material con contenido de pornografía: videos e imágenes que este individuo almacenó a través de correos electrónicos.
Días después, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), por sus siglas en inglés, detectó mediante reportes CyberTipline Record, de servicios electrónicos o en línea “Google”, que un usuario que habitaba en el municipio de Almoloya del Río había almacenado videos e imágenes con contenido de pornografía, por lo que informaron a la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, quien denunció este delito ante la Fiscalía mexiquense.
Esta Institución llevó a cabo actos de investigación de gabinete, campo y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el responsable; mandamiento judicial que fue cumplimentado el 17 de junio de 2022.
Geovani Castro Segura fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a disposición de la Autoridad Judicial, quien luego de revisar los datos de prueba recabados, aportados y expuestos por esta Representación Social, y tras proceso legal, le dictó esta condena.
Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar multa de 1 millón 854 mil 453 pesos y 146 mil 744 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Aunado a ello el Juez ordenó la destrucción de la evidencia que contenga pornografía infantil.