Toluca, Estado de México, 21 de diciembre de 2025.– Con el objetivo de consolidar un sistema de seguridad pública más eficaz, confiable y con pleno respeto a los derechos humanos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió a la Legislatura del Estado de México una iniciativa de decreto para reformar diversas disposiciones legales en la materia, a fin de homologar el marco jurídico estatal con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La propuesta contempla reformas a la Constitución Política del Estado de México, a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y a la Ley de Seguridad del Estado de México, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales, profesionalizar a los cuerpos de seguridad y reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional.
Entre los principales ejes de la iniciativa destaca el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las policías estatales y municipales, al precisar y ampliar sus facultades para recabar información, preservar indicios, recibir denuncias y coadyuvar directamente en el esclarecimiento de los delitos, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Asimismo, se busca armonizar la legislación estatal con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y reconocer formalmente a las Mesas de Paz como instancias de decisión inmediata y articulación operativa, con facultades para diseñar e implementar acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Poder Judicial.
La iniciativa también plantea la integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública, conformado por el Ejecutivo estatal, la Secretaría General de Gobierno, la SSEM y la FGJEM, el cual sesionará de manera ordinaria una vez al año para evaluar y definir estrategias en la materia.
En el ámbito laboral, se propone mejorar el servicio profesional de carrera y los esquemas de capacitación y profesionalización del personal de seguridad, garantizando condiciones laborales dignas y homologadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, se establece un esquema integral de prestaciones de seguridad social que incluye servicios médicos y hospitalarios, pensiones, fondos para el retiro, vivienda, guarderías, becas, apoyos familiares, licencias de maternidad y paternidad, así como protecciones por riesgos de trabajo.
La reforma también contempla la homologación de perfiles, funciones y requisitos de ingreso, permanencia, promoción y certificación, así como los procesos de evaluación y control de confianza. De igual forma, se impulsa la participación social mediante foros, consultas públicas y talleres con organizaciones civiles, academia y grupos históricamente discriminados, cuyas aportaciones serán consideradas en la construcción de políticas públicas.
Con un enfoque de igualdad sustantiva y no discriminación, la iniciativa prioriza la prevención, investigación y sanción de las violencias de género. Además, propone que la Universidad Mexiquense de Seguridad funja como órgano rector de las academias municipales y certifique al personal de las empresas de seguridad privada.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca garantizar que el actuar de las instituciones y de los elementos de seguridad pública se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos, en beneficio de la población mexiquense.