Toluca, Estado de México, 7 de agosto de 2026.– El trabajo infantil constituye una forma de violencia que vulnera la dignidad, limita el acceso a la educación y compromete el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que requiere una respuesta coordinada de las instituciones, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Víctor Leopoldo Delgado Pérez.
Durante el Foro Regional: Prevención y Atención del Trabajo en la Niñez y Adolescencia, realizado en el Congreso mexiquense, el titular de la CODHEM expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por la diputada Luisa Esmeralda “Meme” Navarro Hernández, que busca fortalecer el marco legal para prevenir, atender y sancionar el trabajo infantil en la entidad.
La propuesta contempla reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación y el Código Penal del Estado de México, con el objetivo de generar mayores mecanismos de protección y garantizar la restitución de derechos de quienes se encuentren en situación de trabajo infantil.
Delgado Pérez sostuvo que las niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos humanos y no sujetos de asistencia o caridad. En este sentido, destacó que el interés superior de la niñez obliga al Estado a garantizar condiciones para el acceso a la educación, la salud, el juego y una vida libre de violencia.
“Reconocer a la niñez como sujeto de derechos implica contar con marcos normativos capaces de prevenir, atender, sancionar y reparar las distintas manifestaciones del trabajo infantil”, señaló el ombudsperson mexiquense.
Asimismo, afirmó que la CODHEM acompañará el proceso legislativo para que la iniciativa no se limite a una modificación normativa, sino que se traduzca en mecanismos eficaces de protección para las infancias y adolescencias del Estado de México.
Cuatro ejes para combatir el trabajo infantil
Durante el encuentro, la diputada Luisa Esmeralda Navarro explicó que la iniciativa parte del diagnóstico establecido en el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 2025-2029 (PROEPINNA), instrumento rector del SIPINNA estatal, que identifica factores como la pobreza, la informalidad laboral, el rezago educativo, el abandono escolar y las dificultades de acceso a servicios públicos como elementos relacionados con el trabajo infantil.
La propuesta legislativa se estructura en cuatro ejes: prevención; atención y restitución de derechos; permanencia y reincorporación educativa; y coordinación institucional.
También plantea fortalecer la atención médica, psicológica, jurídica y familiar para niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido alguna vulneración, además de establecer mecanismos para detectar oportunamente situaciones de riesgo y evitar que abandonen sus estudios.
Durante el foro, Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario General de Gobierno, destacó que combatir el trabajo infantil requiere la participación conjunta de autoridades estatales y municipales, instituciones educativas, familias y sociedad civil, debido a que ninguna dependencia puede enfrentar por sí sola esta problemática.
En tanto, Omar Mañón Juárez, director general de Inspección e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo, señaló que las propuestas surgidas de los foros regionales deben convertirse en acciones concretas para fortalecer la prevención y la inspección laboral, además de generar condiciones que permitan a las nuevas generaciones estudiar, jugar y desarrollarse en libertad y con dignidad.
Por su parte, Ilse Mareny Pineda Callejas, jefa del Departamento de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estado de México, advirtió que el trabajo infantil también está relacionado con desigualdades históricas, prácticas normalizadas y brechas territoriales.
Subrayó que la participación de niñas, niños y adolescentes debe formar parte sustantiva de las políticas públicas y no reducirse a ejercicios simbólicos.
Como parte del foro se realizaron mesas de trabajo en las que niñas, niños y adolescentes compartieron experiencias, identificaron riesgos y plantearon propuestas mediante testimonios, dibujos, reflexiones y conclusiones.
Con estas aportaciones, autoridades, organismos de derechos humanos, instituciones educativas, organizaciones civiles y representantes de los sistemas de protección integral buscan fortalecer una estrategia conjunta que permita prevenir el trabajo infantil y garantizar que ninguna niña, niño o adolescente tenga que sacrificar su educación, desarrollo y bienestar para sobrevivir.