Toluca, Estado de México.— Con el objetivo de fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, la diputada Alejandra Figueroa Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de México e incorporar contenidos obligatorios sobre privacidad y protección de datos personales en todos los niveles educativos.
La propuesta plantea que los planes y programas de estudio incluyan, de manera progresiva y transversal, cursos, talleres y programas permanentes de seguridad digital, enfocados en el uso responsable de internet, el cuidado de la información personal y la prevención de riesgos en plataformas tecnológicas.
Durante la exposición, la legisladora señaló que actualmente las y los menores acceden a su primer teléfono móvil entre los ocho y nueve años de edad, mientras que en la entidad existen alrededor de 1.5 millones de personas de entre 10 y 14 años, lo que los convierte en un sector vulnerable frente al mal uso de sus datos.
“Proteger los datos de una niña o de un niño es proteger su libertad. Su cuerpo, su imagen y su información les pertenecen solo a ellos”, expresó.
El documento también establece que la autoridad educativa estatal deberá impulsar la alfabetización y formación digital para toda la población, aprovechando espacios públicos y recursos tecnológicos disponibles, y adaptando los contenidos a las necesidades de cada sector.
La educación digital contemplaría no solo el aprendizaje técnico de las tecnologías de la información, sino el desarrollo de habilidades y actitudes para su uso seguro, ético y crítico, incluyendo el respeto a la privacidad, la prevención de conductas que vulneren la identidad y la promoción de una cultura de derechos digitales.
Asimismo, la iniciativa prevé la capacitación continua del personal docente y administrativo para asegurar la correcta implementación de estos contenidos en las aulas.
De aprobarse el decreto, la autoridad educativa contaría con un plazo máximo de 180 días naturales para diseñar y emitir los lineamientos, programas y materiales necesarios, los cuales se integrarían de manera gradual en los distintos niveles del sistema educativo estatal.