Toluca, Estado de México.— Desde el 16 de enero entró en vigor en todo el país la prohibición de la venta, distribución, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y vapeadores, luego de la reforma a la Ley General de Salud, una disposición que se aplica de manera estricta en el Estado de México.
La normativa federal prohíbe que establecimientos físicos y plataformas digitales comercialicen estos dispositivos, así como sus líquidos, cartuchos y accesorios. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas económicas considerables y penas de hasta ocho años de prisión.
Autoridades sanitarias informaron que la medida busca proteger la salud pública, principalmente de niñas, niños y adolescentes, al advertir que los vapeadores contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que pueden generar adicción y provocar daños pulmonares.
Operativos en municipios mexiquenses
En la entidad, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha operativos de verificación para retirar estos productos de tiendas, locales comerciales y puestos semifijos, especialmente en zonas urbanas y en las inmediaciones de centros educativos.
Funcionarios del sector salud aclararon que la reforma no penaliza el consumo personal, pero sí cualquier actividad relacionada con la venta, distribución o promoción de vapeadores, por lo que exhortaron a comerciantes a respetar la ley para evitar sanciones.
Alerta por posible mercado ilegal
Especialistas y organizaciones civiles advirtieron que la prohibición podría propiciar el crecimiento del mercado ilegal, lo que representaría un reto adicional para las autoridades en materia de salud y seguridad.
Ante este escenario, autoridades mexiquenses llamaron a reforzar la prevención, la información y la vigilancia para impedir la circulación de productos de origen desconocido que podrían representar mayores riesgos para la población.
Llamado a la sociedad
Finalmente, el gobierno estatal exhortó a madres, padres y tutores a dialogar con jóvenes sobre los riesgos del vapeo y a denunciar la venta clandestina de estos dispositivos, con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar el cumplimiento de la ley.