Una de las reformas más relevantes aprobadas durante la 62 Legislatura es el endurecimiento de penas por tala clandestina, que ahora contempla hasta 20 años de prisión y 1,500 días de multa para quienes participen en actividades ilegales como la tala, transportación, almacenamiento, distribución o comercialización de productos forestales sin autorización legal.
Con el respaldo del Congreso local y el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México ha dado un giro contundente en su política ambiental, endureciendo sanciones contra delitos ecológicos y promoviendo una legislación integral para la protección del entorno.
Además, el Congreso avaló nuevas regulaciones para enfrentar problemáticas ambientales contemporáneas. Entre ellas destacan:
Regulación del uso de cañones antigranizo y avionetas antilluvia, que ahora requieren permiso oficial y, de incumplirse, pueden implicar sanciones de hasta 6 millones 222 mil pesos. Estas tecnologías han sido señaladas por su impacto en el ciclo hidrológico y la modificación del clima local. Prohibición de plásticos de un solo uso, sancionando con hasta 339 mil 420 pesos a quienes los distribuyan gratuitamente en unidades económicas, con excepción de productos de uso médico, higiene o empaque primario conforme a la normativa ambiental. En casos graves, se contempla la clausura definitiva de establecimientos. Trabajo comunitario obligatorio para quienes reincidan en la disposición inadecuada de residuos sólidos en la vía pública o zonas naturales, orientado a labores de limpieza y preservación del espacio afectado. Impulso a la educación ambiental, integrando este enfoque en los planes escolares y promoviendo la participación comunitaria en la restauración de ecosistemas.
Estas reformas fueron promovidas por distintas bancadas, incluidas las del PVEM, PT, PRI, MC y PAN, así como por la propia titular del Ejecutivo. La diputada Rocío Alexia Dávila y el coordinador del PAN, Pablo Fernández de Cevallos, impulsaron modificaciones para garantizar el derecho de las comunidades a participar activamente en la restauración ambiental, además de fomentar una agricultura sostenible.
Las reformas consolidan al Estado de México como una de las entidades con legislación ambiental más avanzada del país, alineándose con los principios del desarrollo sostenible y con una visión de gobernanza ecológica compartida entre ciudadanía, autoridades y sector privado.