Tianguistenco, Estado de México.– La destrucción de armas de fuego representa una medida importante para reducir riesgos y limitar su circulación; sin embargo, por sí sola no resuelve las causas que originan la violencia, por lo que debe complementarse con estrategias de prevención, desarrollo social e investigación, señaló el profesor del Centro Universitario UAEM Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Felipe Álvarez Mendoza.
En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, que se conmemora cada 9 de julio, el académico de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana destacó que las campañas de canje y destrucción de armas son herramientas útiles para disminuir la incidencia de hechos violentos, aunque advirtió que su impacto será limitado si no se atienden los factores estructurales que favorecen la delincuencia.
Álvarez Mendoza explicó que condiciones como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades influyen en la generación de violencia, por lo que insistió en que las políticas de prevención deben involucrar a los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto.
Asimismo, subrayó que las decisiones en materia de seguridad deben sustentarse en evidencia científica y diagnósticos objetivos, ya que la investigación permite comprender las causas de los fenómenos delictivos, evaluar las estrategias implementadas y diseñar políticas públicas con mayores posibilidades de éxito.
El especialista destacó el papel de las universidades en la formación de profesionales capaces de analizar problemáticas complejas y proponer soluciones innovadoras, además de anticipar desafíos emergentes como el tráfico ilícito de armas, los delitos relacionados con nuevas tecnologías y la fabricación de armamento mediante impresión 3D.
Finalmente, afirmó que la construcción de comunidades más seguras requiere fortalecer la educación, promover la cultura de la legalidad, fomentar el diálogo y generar mayores oportunidades de desarrollo para la población, por lo que consideró que las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad estratégica en la consolidación de una cultura de paz y en la generación de conocimiento que contribuya al bienestar colectivo.