Por Carlos Ramírez
Cuando la ceguera ideológica impide ver la racionalidad del poder, los primeros que se tropiezan consigo mismo son los intelectuales que debieran exigirse un mayor rango de razonamiento democrático, comenzando por entender las sabidurías del adversario. El académico de la lengua Jesús Silva-Herzog Márquez, nieto del legendario economista que aportó un enfoque ideológico marxista a la Revolución Mexicana y que participó en la redacción del decreto de expropiación petrolera, redujo su crítica a la reforma judicial al argumento de la racionalidad de la arrogancia: “tonterías”.
El problema no radica en que los intelectuales que llamaron públicamente a votar por el PRIAN de Xóchitl Gálvez Ruiz le saquen punta a sus argumentos más agresivos e insultantes para reducir la reforma judicial a un territorio de la simplicidad conductual, pero con la intención nada sana de eludir el verdadero debate en torno a esa propuesta: no fue un regalo al presidente, no es un capricho, ni tampoco es un acto de resentimiento.
La reforma judicial forma parte de una reforma contraneoliberal a la reforma neoliberal del Estado que impusieron los presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari en 1983-1994 para terminar con el ciclo político-ideológico-simbólico de la Revolución Mexicana. Los dos presidentes modificaron la Constitución en aquellos artículos que le dieron perfil revolucionario, como lo explicó Jesus Silva Herzog, el abuelo: reforma agraria, derechos laborales, democracia de bienestar, control ideológico del catolicismo, es decir, dieron por clausurado el ciclo del Estado social y crearon las condiciones para un Estado de mercado autónomo de las clases sociales no propietarias.
El Poder Judicial se quedó como el último refugio de un equilibrio de poderes para garantizar la vigencia de esa Constitución neoliberal; en ese sentido, el Poder Judicial que fundó el presidente Zedillo en 1994 para dotarlo de un poder absoluto constitucionalista en términos de la Constitución neoliberal dirigente no fue un contrapeso al absolutismo del Poder Ejecutivo, sino un verdadero contrapoder jurídico para subordinar al presidente de la República que había sido elegido por voto directo de la ciudadanía.
El perfil conservador de los ministros de la Corte designados por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto cincelaron las funciones de la Suprema Corte para bloquear las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Poder Ejecutivo, siempre, claro está, en nombre de la Constitución. Pero se trataba de la Constitución neoliberal que aprobaron De la Madrid y Salinas de Gortari para liquidar al Estado social que era un obstáculo para el modelo de explotación de mercado del Tratado de Comercio Libre que se impuso primero con el GATT y luego con el T-MEC.
López Obrador le dio una oportunidad de cuatro años a la Corte para encontrar cauces de canalización para el proyecto de reorganización popular del Estado, pero los ministros conservadores bloquearon e impidieron muchas reformas hablando en nombre de la Constitución vigente. La presidenta Claudia Sheinbaum no podría cumplir sus compromisos de campaña en materia de bienestar social y de reorganización de poderes fácticos con una mayoría de ministros de la Corte garantes del orden neoliberal de mercado.
El Poder Judicial como contrapoder fue un desvío del modelo neoliberal salinista, con instituciones y funcionarios ajenos a una representación social y dependientes de nombramientos salidos de los grupos partidistas dominantes desde la crisis de hegemonía priista de 1988: el bloque de poder PRIAN que se encargó de todas las reformas del Estado logró la complicidad del PRD de los Chuchos como una forma de excluir cualquier tipo de negociación política con los dos liderazgos sociales perredistas: Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador.
La utilización del calificativo de tontería a la reforma judicial lopezobradorista por parte de un académico de la lengua y un descendiente de una mente estratégica marxista de la Revolución Mexicana no señala sino la impotencia de la alianza conservadora del PRIANREDE, la derecha empresarial, la ultraderecha de la clase media en proceso de pauperización y lumpenproletarización, la dominación de seguridad nacional de Estados Unidos sobre México, la UNAM priista y coronando la nueva interrelación de intereses a intelectuales que salieron de su torre de marfil para pedir el voto social a favor de una candidata que representaba los intereses ideológicos del PRIAN.
Un académico de la lengua como silva-Herzog Márquez debería saber lo que dice el diccionario de la lengua española de la palabra tontería: “nadería, insignificancia, minucia, nimiedad, menudencia, pequeñez, chorrada, fruslería, simpleza, banalidad, trivialidad, chuchería, bobada, bobería, cacahuate, babosería, babosada, pendejada”.
Entonces para qué discutir de nada.
