El alcance de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de la presidenta Sheinbaum estuvo marcado por el adelanto de indicios de que no habría modificaciones al programa de seguridad pública del Gobierno del presidente López Obrador. Aunque es de esperarse que haya espacios no visibles de los nuevos planteamientos, el tema central radica en saber cuál será el plan integral de la nueva administración contra los grandes capos y cárteles del crimen organizado.
La nueva estrategia de seguridad 2024-2030 enfoca el asunto delictivo desde el punto de vista de la seguridad pública, es decir, desde la perspectiva de los delitos sobre el individuo y sus propiedades, pero un análisis más amplio revela que la seguridad pública es un asunto de un escenario estratégico mayor: la seguridad interior, donde casi todos los actos delictivos tienen que ver con el asentamiento territorial, institucional, de instituciones públicas y de estructuras de toma de decisiones estatales, es decir los delitos ya no disputan riquezas individuales sino el control político de instituciones del Estado a nivel federal, estatal y municipal.
La reorganización del aparato de seguridad del Estado –que podría resumirse en la creación de la Guardia Nacional como organización policiaca, pero adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional como una percepción de un asunto de seguridad interior que tiene que ver con la delincuencia en territorios exclusivos del Estado– se debatió en las últimas sesiones de las dos cámaras del Congreso en el contexto justamente de la seguridad interior e inclusive hubo voces que señalaron la inevitabilidad de una ley reglamentaria de la seguridad interior para consolidar la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública en modo de seguridad interior.
Los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad del nuevo gobierno atienden a la consolidación de líneas operativas vigentes: atención a las causas, consolidación de la Guardia, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación federal del gabinete de seguridad con los gobiernos estatales.
La Estrategia se cuida de evitar un pronunciamiento tan directo como el que hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 cuando anunció una guerra contra los cárteles del narcotráfico y metió al país en batallas armadas que aumentaron la violencia en ambos bandos. Ahora la Estrategia solo menciona –lenguaje de la tecnocracia de seguridad—“neutralizar generadores de violencia y redes criminales” y “reforzar (la) detención de los principales generadores de la violencia en cada entidad”, lo que estaría diciendo que sí habrá confrontaciones directas con los cárteles en función de procesos de investigación sobre delitos consumados y no una guerra directa.
Pero sea en el lenguaje brutal de Calderón o en el idioma tecnocrático actual, el asunto es que todos los delitos –de alto y bajo impacto– tienen que ver con el control territorial, armado, político e institucional de cárteles del crimen organizado en áreas territoriales expropiadas a la soberanía del Estado y que la actividad delictiva está afectando cuatro de los puntos clave de toda seguridad interior: bienestar de la sociedad, actividad productiva, funcionamiento de las instituciones públicas y gobernabilidad democrática, es decir, la delincuencia ya no solo roba sino que le disputa el poder al Estado.
Se quiera reconocer o no el enfoque de seguridad interior por razones de la dureza del concepto, lo cierto es que la delincuencia actual está ya articulada a poderosas bandas del crimen organizado que tienen capacidad de fuego, fuerza económica de corrupción y objetivos de poder político por encima de las estructuras policiacas municipales, estatales y federales, lo que ha llevado a decisiones en las últimos días de despliegue de fuerzas militares en las zonas más calientes de la República para confrontar el activismo violento que quiere seguir controlando zonas territoriales de la soberanía del Estado.
De todos modos, la Estrategia no se decide ir a fondo en el combate contra las estructuras del crimen organizado; sus tres objetivos apenas se esbozan acciones de contención: disminución de la incidencia, neutralización de generadores de violencia y redes criminales y mejoramiento del diálogo con los sectores de la sociedad, todo ello como el objetivo de “pacificar el país”.
No hay duda de que las instituciones encargadas de la Estrategia tienen un diagnóstico real de la estructura del crimen organizado en México y al final saben que su objetivo tendrá que ser combatir a los cárteles en estructura y liderazgos y prepararse para la respuesta violenta de los delincuentes, lo que quiere decir que de todos modos habrá una guerra contra el crimen organizado.