Por Carlos Ramírez
Mientras María Amparo Casar se auto promueve como la imagen misma de la lucha contra la corrupción y la impunidad, mueve sus fichas de guerra legal (lawfare) para que le regresen la pensión por la muerte de su marido Carlos Márquez Padilla que documentos oficiales han revelado, en el peor de los casos, como amañada, varios signos de investigación estarían involucrando la campaña de la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, cuyo jefe de campaña es nada menos que Santiago Creel Miranda, el secretario de Gobernación en 2005, que se involucró en las maniobras política para la indemnización.
Otro dato no debe escapar a los análisis: la agrupación proempresarial Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad está financiada nada menos que por el cerebro político y financiero de la candidatura opositora PRI-PAN-PRD, Claudio X. González, y ese organismo que se ha dedicado a escudriñar la actividad pública del Gobierno lopezobradorista también está representando una mano intervencionista de los organismos de inteligencia y seguridad nacional de la Casa Blanca, sobre todo la USAID, Agencia Internacional del Desarrollo de EU, que forma parte justamente de los grupos de espionaje estadounidenses en el exterior.
Y, por si fuera poco, hay más datos que deberían llevar a una nueva investigación de la muerte de Márquez Padilla en una instalación de Petróleos Mexicanos. Las evidencias que están examinando expertos privados en este tipo de temas candentes con derivaciones políticas están a la vista: hay menos información comprobable del supuesto accidente, se acumulan indicios de suicidio por la situación personal y laboral del afectado y el hecho de que se encontraba en proceso de divorcio de su esposa Casar, el asunto involucra a Casar como, en el momento de la muerte, jefa de asesores nada menos que del secretario de Gobernación de Fox, Santiago Creel Miranda, encargado de la información de seguridad política del Estado.
Y hay más elementos sobre el mismo contexto: no se han aportado datos periciales sobre el lugar físico desde donde cayó el funcionario de Pemex, sobre todo porque los ventanales tienen muy estrictas medidas de seguridad y controles de herrería difícil de romper que no cualquiera puede abrirlos, además de que por razones de seguridad nacional los mecanismos de vigilancia dentro de Pemex por sus tareas estratégicas también son supervisadas y grabadas con minuciosidad.
Además, existen otros dos datos que se han ocultado: el esposo de Casar estaba en medio de un conflicto con el sindicato de Pemex, entonces controlado por el todopoderoso Carlos Romero Deschamps, hoy fallecido, y su entonces operador financiero sindical Ricardo Aldana, hoy nada menos que líder del sindicato petrolero. Márquez Padilla, el día de su muerte, se había negado a firmar un acuerdo sindical de separación.
Quienes estuvieron el día de la muerte en el edificio de Pemex se quedaron con información que circulaba en ese momento de que había sido un asesinato, sobre todo porque no hubo evidencias reales, periciales, ni ningún mensaje de despedida, ni menos aún indicios de una decisión radical, aquí nuevamente señalando que la ventana de su oficina no podía abrirse con facilidad.
Así que las autoridades deben reabrir la investigación y los jueces controlados por la ministra presidenta Norma Piña Hernández no deberían ser usados para obligar al Estado a pagar una indemnización que ninguna empresa privada de seguros se atrevería a procesar por las irregularidades en la muerte del asegurado.
Crimen político: ¿quién gana?
La información del presunto atentado contra la candidata capitalina a la alcaldía de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, beneficia el clima de incertidumbre que está intensificando la oposición PRI-PAN-PRD para distraer la atención de todas las tendencias de encuestas que dan por derrotada a la candidata presidencial Gálvez Ruiz.
Cualquier investigador policiaco de medio pelo podría aportar elementos para señalar que al grupo lopezobradorista es al que menos le conviene usar la violencia en una situación de tendencia de adelantada de los votos.
La información del presunto atentado ocurrió horas después de que la oposición PRI-PAN-PRD dio a conocer un mapa de zonas político-electorales de alto riesgo como una forma de generar incertidumbre que conduzca a la suspensión del proceso electoral, aunque con la circunstancia adversa de que la inducción del miedo afecta a la oposición y no a la corriente oficialista.
Y queda pendiente también la indagación de que la alcaldía de Cuauhtémoc entró en una lógica de alta criminalidad durante la gestión de la alcaldesa Sandra Cuevas, que llegó al poder por la alianza PRI-PAN-PRD.
Tampoco debe soslayarse que el incidente denunciado ocurrió horas antes del tercer debate entre candidatos a la Jefatura capitalina de gobierno, con una tendencia de votos hasta ahora a favor del aspirante oficialista Clara Brugada.
